Procesarán en libertad a forenses de Medicina Legal

Cindy García de Portillo, empresaria vinculada al caso y a quien le imputan  tres delitos, estará en prisión mientras dure el proceso de instrucción.

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Los esposos Monterrosa seguirán procesados en libertad.

/ Foto Por Stanley Luna

Por Stanley Luna

2016-06-20 10:08:00

Después de casi seis horas en la audiencia inicial, el Juzgado 14 de Paz de San Salvador resolvió procesar en libertad a los forenses Juan Carlos Monterrosa Pashaca y su esposa, Josefina Morales, quienes se desempeñaban como doctores en el departamento de Genética de Medicina Legal. 

No obstante, Cindy García de Portillo, empresaria y sobrina de la forense, estará en prisión mientras se desarrolle el proceso de instrucción. 

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los esposos Monterrosa de haberse valido de sus cargos como empleados de Medicina Legal para que esta estableciera un contrato directo de licitación con la empresa Diprolab S.A. de C.V., cuya dueña es De Portillo.

En estos trámites, según un acta de declaración jurada presentadas por el Ministerio Público, la empresaria al momento del contrato estableció que no tenía parentesco con los forenses y procedió a ofertar y a recibir ganancia de reactivos destinados al departamento de Genética, los cuales, supuestamente, fueron vendidos a precios excesivos comparados a otros productos en el mercado. 

Además, la Fiscalía sostiene que dichos productos no llenaban las especificaciones requeridas para que pudiese efectuarse una compra. 

Por lo tanto, a ella se le atribuyen los delitos de falsedad ideológica, estafa y venta a precio superior. Mientras que a los esposos Monterrosa se les imputa el delito de negociaciones ilícitas. 

En la audiencia, la jueza solicitó a Fiscalía que investigue si en este caso existen más involucrados. 

Explicó que a De Portillo no se le otorgaría la libertad condicional, porque entre sus arraigos no habían presentado datos verídicos sobre su lugar de residencia, lo cual no aseguraba que se sometiera debidamente al proceso. 

Sus defensores, Pío Ayala y Ernesto Morales, afirmaron que interpondrán un recurso de revocatoria ante la resolución emitida por el tribunal.