No han sido las únicas pero sí las que judicialmente se ha logrado comprobar que fueron pandilleros de la 18R los que mataron a 33 personas inocentes. Esa es la suma de las víctimas de las masacres conocidas como Plan de La Laguna, Quema del microbús en Mejicanos y, la más reciente, San Juan Opico.
Ayer se cumplieron seis años de que un grupo de pandilleros ametralló un microbús del transporte colectivo, de la ruta 47, con 32 personas que viajaban como pasajeros, luego incendiaron el microbús e impidieron, a fuerza de balas, que las víctimas escaparan de las llamas.
Para evitar que algún pasajero escapara, los pandilleros, armados con escopetas y fusiles, montaron guardia a pocos metros.
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Cada persona que intentaba escapar de las llamas, era acribillada. Incluso, a una pareja que había logrado salir del microbús, la obligaron a introducirse nuevamente.
En total, en esa masacre murieron 17 personas, incluyendo una bebé de solo meses de nacida, y 15 pasajeros más resultaron con quemaduras graves y lesiones de bala.
Esa matanza ocurrió a las 6:50 de la noche del 20 de junio de 2010, en la colonia Jardín, municipio de Mejicanos.
Las investigaciones han revelado que la pandilla 18 Revolucionaria perpetró esa masacre para vengar la muerte de un pandillero que había sido asesinado el día anterior, supuestamente por miembros de la mara Salvatrucha de la colonia Montreal, en Ayutuxtepeque, a tres minutos en vehículo, de la colonia Jardín.
De acuerdo con las investigaciones, los pasajeros del microbús fueron elegidos por el simple hecho de que la mayoría vivía en la Finca Argentina, parte de la colonia Montreal, distante unos tres kilómetros de donde el automotor fue incendiado.
Las investigaciones revelan que fueron siete los criminales de la pandilla 18 Revolucionarios quienes ejecutaron la matanza. Uno de ellos vivía a escasos 10 metros de la escena del crimen.
De acuerdo con las investigaciones, todos los autores de esa masacre están en presos cumpliendo abultadas condenas. Sin embargo, de acuerdo con algunos testigos, hay un pandillero, Samuel E.M.M., que nunca fue vinculado al caso, a pesar de haber participado.
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La reacción del presidente Mauricio Funes
El 18 de julio de 2010, el entonces presidente Mauricio Funes proponía la Ley de Proscripción de Pandillas. A poco más de un mes, la Asamblea Legislativa aprobó esa ley con 78 votos. El Estado respondía ante ese hecho con una ley que pocos jueces aplicaron porque, a juicio es éstos, violaba derechos constitucionales o no se cumplían los requisitos que dicha ley exigía para ser considerado miembro de una de esas agrupaciones criminales.
Plan de La Laguna, la venganza contra un niño testigo
Este mes también se cumplieron 10 años de que cinco personas, incluyendo un no nacido, fueron masacradas en una calle del complejo industrial Plan de La Laguna.
Esta masacre fue cometida por César Daniel Renderos Díaz, (a) Muerto, Cementerio o Morrison, junto a otros pandilleros de la 18.
Las víctimas de esa matanza fueron Luis Alfredo y Daniel Alexander, ambos de 12 años; Mayra Lisseth, de 15; y Vilma Santos, de 40, madre de los primeros dos y con un embarazo de cinco meses.
El motivo de la masacre fue que El Muerto o Cementerio debía eliminar a uno de los niños que era testigo de una de sus tantas fechorías cometidas en la comunidad Las Palmas, localizada a pocos metros del complejo que ocupa el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
Por esa matanza, Renderos Díaz y César Antonio Vidal y Raúl Alexander Cortez. Los tres recibieron 75 años de cárcel. Sin embargo, el pasado 29 de abril, esa sentencia les fue reducida a 60 años.
La reacción del presidente Saca
La masacre de los tres niños y la mujer embarazada causó mucha conmoción social. La Fiscalía General reaccionó pronto con su investigación y, pocas horas después ya había capturas de pandilleros de la comunidad Las Palmas.
Por su parte, el Gobierno reaccionó proponiendo la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, la cual dio vida a los Juzgados Especializados contra crimen organizado.
Luego de ser discutida, el 22 de enero de 2007, el entonces presidente Elías Antonio Saca firmó esa ley en el mismo lugar en el que el 2 de junio del año anterior habían sido masacrados cuatro personas y un no nacido.
Sin embargo, como ocurriría años después con la Ley de Proscripción Antipandillas decretada a raíz de la masacre de Mejicanos, muchos jueces se negaron a aplicarla la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja aduciendo vicios de inconstitucionalidad. Incluso, hubo demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) basadas en ese argumento.
San Juan Opico: una matanza, varias hipótesis
Seis años después de incendiar el microbús en Mejicanos con los pasajeros adentro, el accionar de la pandilla 18 Revolucionarios volvería a conmocionar a los salvadoreños asesinando a diez hombres que trabajaban colocando postes del tendido eléctrico y a un campesino que pastaba ganado ajeno.
Sobre esta matanza se ha dicho que fue porque días antes, la pandilla 18 Revolucionarios habían encajado la muerte violenta de uno de los suyos en la zona de Quezaltepeque. Otra versión indica que fue porque a uno de los obreros le hallaron un documento en el que constaba que había pertenecido al Ejército. También se ha dicho que era para “calentar” el territorio dominado por la mara Salvatrucha.
Lo cierto es que el 3 de marzo de este año, los salvadoreños fueron sacudidos con la noticia de la masacre de los once trabajadores en el caserío Las Flores, cantón Agua Escondida, de San Juan Opico, La Libertad, la más numerosa después de la masacre del microbús en Mejicanos.
Esta masacre fue cometida en una coyuntura de violencia que hacía oscilar en 23 o 24 los asesinatos diarios, lo cual ponía a El Salvador como el país más violento y en el que el Ejecutivo, presidido por Salvador Sánchez Cerén, sufría duras críticas por su incapacidad de evitar la matanza diaria de salvadoreños.
La respuesta de Sánchez Cerén
Ante la ola de críticas, a finales de marzo anterior, Sánchez Cerén anunció que pondría en marcha una serie de medidas extraordinarias contra la delincuencia. Y a desdén de que al principio de su mandato dijo que él se pondría al mando de la seguridad, fue el vicepresidente Óscar Ortiz, quien, a partir de la masacre de Opico, tomó las riendas de la seguridad.
A principios de junio, las autoridades informaron sobre la captura de varios miembros de la 18R que operan en los municipios de Quezaltepeque y San Matías por ser los responsables de la masacre de los once trabajadores.
El proceso contra varias decenas de sospechosos apenas ha comenzado en los tribunales especializados contra crimen organizados, creados en el mandato de Saca, como respuesta a la masacre del Plan de La Laguna.