Las pensiones de las que todo mundo habla hoy día en realidad son un tema para una parte de la población, pues más del 60% de los salvadoreños no cuentan con un empleo formal que les permita cotizar regularmente a una AFP y por lo tanto, les será casi imposible tener un ahorro suficiente para afrontar su vejez.
Del 100% de la población económicamente activa, se estima que solo un 24% podrá jubilarse al final de su vida productiva, pues el mercado laboral no permite que todos los ciudadanos tengan un trabajo formal y así cotizar con regularidad.
La propuesta de ley que ha presentado el Ministerio de Hacienda y que se estudia en la Asamblea Legislativa no contempla planes para mejorar el mercado laboral y estimular el ahorro para una jubilación.
Su único aporte es incluir a trabajadores independientes, agrícolas y domésticos, pero con requisitos que a juicio de las gremiales sindicales siguen siendo difíciles de cumplir (25 años de cotización) y sin ningún incentivo para ahorrar de forma independiente.
Aunque el Gobierno culpa a las AFP de no aumentar la cobertura tras 18 años de funcionar en un sistema privado, estas atribuyen la baja cobertura al clima laboral, en el que predominan los negocios informales.
“Habrá una mayor cobertura si mejora el clima laboral”, asegura René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos).
Actualmente, cuatro de cada diez latinoamericanos y caribeños de más de 65 años no recibe pensión alguna, mientras que el resto recibe menos de $10 diarios.
Así lo señala el documento “Mejores pensiones, mejores trabajos, hacia la cobertura universal en América Latina y El Caribe”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Otro informe de la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde) también señala que el 88.2% de los pobres no tienen cobertura previsional, y únicamente 1.2% de ellos obtiene una pensión.
En teoría, se considera que lo trabajadores están cubiertos con una pensión para su vejez si están afiliados o si aportan a algún sistema de pensiones.
Pero el acceso a una pensión que esta persona tendrá dependerá en parte de las condiciones laborales sobre las que se haya desempeñado a lo largo de su vida. Su pensión estará definida por dónde trabajó, por cuántos años y con qué salario.
La baja cobertura de pensiones no solo es un problema de El Salvador. Un estudio del Banco Mundial encontró que en América Latina solo cuatro de cada diez ciudadanos están cotizando regularmente para su futura pensión. Eso significa que la mayoría (6 de cada 10) trabajan en la informalidad y por lo tanto no tienen segura su jubilación.
Dado que el mercado laboral para los países latinoamericanos carece de las condiciones necesarias para emplear a toda la fuerza de trabajo, se han generado altos índices de trabajo informal que es a lo que recurren las personas al no encontrar acceso a un empleo estable y con prestaciones de ley.
En El Salvador, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2014 elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), el 52.2% tiene un trabajo formal, y un 47.8% tiene un trabajo informal.
La misma encuesta indica que a nivel nacional solo el 34.9 está cubierto por un sistema de seguridad social, ya sea una AFP o el Seguro Social, y que los más afectados son los salvadoreños que viven en el área rural, pues solo el 15.6 de ellos tiene cobertura y el resto no.
Un diagnóstico sobre pensiones hecho por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indica que el gran desafío del Sistema de Ahorro para Pensiones actual está vinculado con la estructura del mercado laboral, por lo que se necesita un mayor crecimiento económico y una mayor generación de empleos formales.
También lo dice el estudio del BID: “ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones es el desafío más importante en la construcción de sistemas de protección social en América Latina hoy en día”, indica el documento.
Al final el debate se deriva en que quienes conservaron una condición laboral favorable son quienes tienen los mejores beneficios, mientras que los segmentos más frágiles aumentan con su vejez y se ven vulnerables a estar desprotegidos en un sistema de pensiones.
Según las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), El Salvador fue, al cierre de 2014, el segundo país con mayor tasa de desempleo en Centroamérica.
Según las cifras de este organismo internacional, el desempleo alcanzó una tasa de 5.5 %. Es decir que cerca del 5 % de la población en edad de trabajar no cuenta con empleo de ningún tipo.
Entre febrero de 2014 y febrero de este año se han creado apenas 8,369 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo al número de persona que cotizan al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según reportó un informe de coyuntura económica de Fusades.
Incentivos
Los incentivos tampoco están dados. Actualmente se necesitan 25 años de cotización para jubilarse, pero según Novellino, el promedio tiempo que una persona ahorra es de 15 años, justamente por la inestabilidad laboral.
Una de las ideas que se maneja es reducir la cantidad de años obligatorios para cotizar, o que se flexibilice de tal forma que los trabajadores puedan tener más opciones para garantizar su pensión en el futuro.
Tampoco hay incentivos para aquellos que ya están ahorrando regularmente en una AFP, pues la rentabilidad que ganan esos fondos ha estado por debajo del 3% en los últimos años, lo que tampoco le invita a los ahorrantes a cotizar más.
“Ahorrar dinero para que gane una tasa de interés de apenas 1% no motiva a nadie”, asegura Enrique Anaya, representante del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop).
La propuesta de pensiones del Ministerio de Hacienda, sin embargo, no presenta alternativas para aumentar la rentabilidad o flexibilizar los requisitos de jubilación. Se mantienen los 25 años de cotización y no hay un plan alternativo que indique la creación de más empleos formales.
Cada vez más viejos
Los expertos aseguran que la región atraviesa en estos momentos un bono demográfico, es decir, que hay suficientes jóvenes en edad productiva que pueden generar muchos ingresos. Sin embargo, la población se hace cada vez más vieja, lo que también obliga a todos los países a buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.
“La población en América Latina y El Caribe es joven, pero está envejeciendo rápidamente. Mientras que en 2010 el porcentaje de adultos mayores de 65 años apenas representaba el 6.8% de la población, las proyecciones señalan que en 2050 ese grupo etario será equivalente al 19.8% del total de habitantes de la región”, establece el estudio del BID.
El reto, según los trabajadores y economistas, es que las decisiones que se tomen hoy logren impactar en el futuro y se logren hacer cambios que permitan a los ciudadanos protegerse ante la pobreza.
En el tintero también está la pensión universal no contributiva, un punto de debate cuando se habla de las finanzas del Estado.