La Fiscalía General de la República está dando señales de que está siguiendo una estrategia bien estructurada para romper el vínculo que se propició entre las pandillas y el sector político salvadoreño, durante la presidencia de Mauricio Funes. Esta semana, fiscales ordenaron allanar la alcaldía de Zacatecoluca y emitieron órdenes de detención en contra de varios empleados municipales por sus nexos con estructuras pandilleras. El procedimiento confirma información que circulaba con mucha fuerza en las comunidades de seguridad e inteligencia, desde “la tregua”, sobre el desarrollo de una oscura relación entre dicha municipalidad y las pandillas. El caso, al parecer, es similar al de la Alcaldía de Apopa y, por lo tanto, fija una dirección clara en cuanto a la estrategia fiscal para atacar la problemática.
Este es el camino correcto. La corrupción es una enfermedad de la que están contagiados la mayoría de políticos. Diferentes instrumentos de medición indican que así lo percibe la ciudadanía y los pocos casos que han salido a la luz pública, lo confirman. Casi todos los políticos parecen tener como prioridad su bienestar. Sus acciones dejan claro que ni se les cruza por la mente el de la sociedad.
Los abusos son constantes y cada vez más condenables. El despilfarro y la buena vida financiada con los impuestos son el pan de cada día. Los funcionarios se pasean en lujosas camionetas y se convierten de la noche a la mañana en dueños de prósperos negocios y proyectos, mientras en los hospitales públicos no hay medicinas y las ambulancias de los sistemas de emergencia se quedan sin gasolina.
Aunque los políticos de partidos opuestos se atacan constantemente y en el país hay una marcada polarización, todo al final es un show. Detrás del telón, la mayoría de políticos parece que tienen acuerdos para cubrirse las espaldas. Son pocos los que se atreven a denunciar los abusos y corrupción de sus rivales políticos, por miedo a que también les saquen sus trapos sucios.
Este código de silencio entre los políticos es la principal amenaza que enfrenta la estrategia fiscal para investigar los acuerdos entre funcionarios y cabecillas pandilleros. Así de claro lo han dejado las personas vinculadas a las pandillas que han decidido anticiparse a cualquier acusación y salir en los medios de comunicación dando su versión de “la tregua”. Sus intervenciones están plagadas de amenazas veladas, que tienen el objetivo de advertir a sus oponentes políticos que ni se les ocurra abrir la boca porque ellos también tienen casos que les pueden investigar.
Salvador Ruano, el alcalde de Ilopango, por ejemplo, la semana pasada, hizo un recuento de los ediles del oficialismo que desarrollaron vínculos similares a los que él construyó con pandilleros y después razonó que era mejor dejar lo que pasó durante “la tregua” en el pasado y solo ver para adelante. El código de silencio entre políticos, de esconder lo malo que hacen, no pudo haber sido ilustrado de mejor manera.
Los políticos que necesita El Salvador no son de estos. Los salvadoreños necesitamos políticos que pidan a gritos investigaciones, que aboguen y promuevan por que cualquier situación sospechosa se indague y castigue. La ciudadanía aborrece a quienes piden silencio a sus seguidores por el bien del “partido” y lanzan amenazas veladas de que este tipo de investigaciones abrirán una “caja de pandora” que afectará de forma negativa a figuras políticas y hasta futuros procesos electorales. A El Salvador le urgen ciudadanos y políticos valientes que se nieguen a estos chantajes y empujen por que los casos de corrupción y abusos de funcionarios se investiguen y penalicen.
*Criminólogo
@cponce_sv