Representantes del grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública denunciaron los abusos que persisten en las declaratorias de reserva de información de las instituciones del Estado.
“El principal obstáculo que tiene el acceso a la información son precisamente los abusos en las declaratorias de reserva de información, es el talón de Aquiles del acceso a la información”, expresó Javier Castro, director del departamento de estudios legales de Fusades, durante una entrevista televisiva.
El Diario de Hoy publicó el lunes pasado un reportaje sobre la información catalogada como reservada por 24 instituciones, en su conjunto tienen más de mil temas bajo candado.
Visite el reportaje especial: Algunas de las más de mil cosas que el Gobierno se “reserva” de responder
Roberto Burgos, director de Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), recordó que al inicio de su gestión, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se comprometió a revisar los índices de información reservada de Casa Presidencial, pero desde entonces no ha habido ninguna desclasificación de información de forma voluntaria.
Añadió que la única información que han logrado desclasificar fue sobre las auditorías presidenciales que se practicaron desde la gestión del expresidente Antonio Saca, que se obtuvo gracias a la presión de un grupo de ciudadanos y por orden del Instituto de Acceso a la Información.
Burgos añadió que, en lugar de que haya desclasificaciones de información, las instituciones han comenzado a abusar de disposiciones del reglamento de la ley de Acceso a Información. Por ejemplo, cuando piden un dato, responden que “se está clasificando la información”.
Burgos opinó que es como si la institución se dio cuenta que no les convenía divulgar esa información hasta que fue solicitada.
“Nos convertimos en generadores del secreto estatal haciendo uso de nuestro derecho de acceso a información”, cuestionó Burgos.
Puso como ejemplo que, en noviembre del año pasado, solicitaron datos de las contrataciones que ejecuta el Organismo de Inteligencia del Estado, pero en lugar de recibir respuestas, actualmente toda la información relativa a la OIE aparece clasificada.
Xenia Hernández, representante jurídica de Alac-Funde, consideró que, aunque el Estado argumente que ha disminuido la cantidad de reservas y es menor en comparación a la disponible, pesa más la calidad de la información que no se está dando a conocer. “ Yo, ciudadana, considero que es importante para mí. No es el Estado el que me va a decir cuál es la información que puedo conocer”, dijo Hernández.
Los analistas vieron con preocupación la actitud que toman las instituciones ante algunas solicitudes de información. Destacaron que la mayoría de Oficinas de Información y Respuesta (OIR) tiende a esperar hasta el décimo día hábil para entregar la información, aunque podría haberse brindado antes.
Entre algunos casos que les ha preocupado cómo se ha manejado la información, está el de un motociclista que murió tras ser embestido por un vehículo propiedad de Casa Presidencial.
Hernández indagó sobre el caso para conocer a quién estaba asignado el vehículo, la bitácora de uso y las misiones que tenía para determinar por qué venía desde el Puerto de La Libertad en un fin de semana. Casa Presidencial puso una reserva de información con vigencia de pocos días, al hacer la solicitud les pusieron una prevención y cuando la volvieron a hacer ya le habían puesto prórroga a la reserva de información, cuestionó Hernández.
Los analistas también denunciaron que, en la medida que han aumentado las solicitudes de información, han aumentado las peticiones denegadas con argumentos genéricos y ambiguos.
“Ya no solo se está abusando la potestad de reservar la información, las resoluciones que fundamentan las declaraciones también son reservadas”, dijo Burgos, es decir que no se está dando a conocer por qué un dato es secreto, por cuánto tiempo es secreto y en algunos casos tampoco se puede saber qué es lo que se está haciendo secreto.
“De repente el Estado con una voracidad totalmente ilegal se adueña de la información cuando la Sala (Constitucional) ha dicho que la información pertenece a la población”, manifestó Burgos.
Castro señaló que las declaraciones de reserva deben ser la excepción, y cuando ocurren deben ser motivadas y fundamentadas.
Hernández apuntó que también se está haciendo reservas genéricas, no por casos específicos, como en el Ministerio de Salud donde se ha clasificado todos los expedientes de procesos de adquisición hasta que se haya dado la adjudicación. Ante esta situación, Castro reveló que ya contemplan la posibilidad de exigir reformas a la ley, que ya lleva cinco años de funcionar.
Señaló que, en una democracia, leyes como la de Acceso a la Información potencian la libertad de las personas.
Burgos sostuvo que no se puede aceptar que la ley se está cumpliendo con éxito solo por la cantidad de documentos desclasificados.
“Quién va a definir la relevancia de los datos que se quieren conocer es el ciudadano, es la persona que quiere ejercer esa contraloría ciudadana”, expresó.