La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro hizo una serie de prevenciones al expresidente Mauricio Funes por la documentación que presentó en el proceso que le sigue junto a su hijo Diego Roberto y la exprimera dama, Vanda Pignato.
Los tres son enjuiciados por el delito de presunto enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, el tribunal le ha ordenado a Funes presente las certificaciones de 14 notas de pagos que hizo, a crédito personal, a un préstamo a nombre de Pignato en Citibank.
Por ser Pignato quien realizó el préstamo, según la Cámara, la institución bancaria solo puede entregarle a ella los documentos requeridos.
Si hubiese una negativa en la emisión de los mismos, esto deberá justificarse ante el tribunal.
Una de las observaciones hechas por la Cámara, con fecha del 20 de junio, es que la defensa de Funes no ha realizado dichas diligencias y no ha especificado tampoco por qué no fueron presentadas cuando Funes respondió a la demanda de la Fiscalía en su contra.
El tribunal ha determinado que Funes envió copias simples de 11 recibos de pagos de ese préstamo, pretendiendo que estas sean admitidas en el proceso. Algunas de esas copias no son legibles.
Por lo anterior, “debe prevenirse presente copias legibles de dichos documentos y aclare su pretensión”, detalla el escrito de la Cámara.
Otras solicitudes del tribunal
El tribunal civil también ha ordenado que la defensa de Funes explique por qué le ha sido denegado el audio de la sesión de Corte Plena del 9 de febrero, fecha en los magistrados del máximo tribunal conocieron la investigación de la sección de Probidad.
Dicha audio puede ser obtenido por medio de la Oficina de Acceso a la Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cualquier ciudadano tiene acceso por esa vía. El Diario de Hoy solicitó ese audio y tiene una copia.
Además, la Cámara señala que Funes ha ofrecido prueba testimonial, pero no se han dado las identidades de los testigos y sus datos generales.
Sin justificar patrimonio de $728 mil
Cuando Funes, su hijo y Pignato fueron demandados ante la Cámara por la Fiscalía, el jefe fiscal de la Unidad de Anticorrupción, Andrés Amaya, dijo que no se ha justificado que los $728 mil del patrimonio de los procesados sean producto lícito, por lo que hay suficientes indicios de presunto enriquecimiento.
Según Amaya, la Fiscalía solicitó al tribunal, una vez que se logren comprobar las supuestas irregularidades encontradas en las investigaciones, que el exmandatario quede inhabilitado de cualquier cargo público por 10 años.
Entre las irregularidades sacadas a luz por Probidad están que Funes no ha justificado ahorros por $150, 323 al finalizar su gestión como presidente de la República. Asimismo, el origen de $24,963 con los que realizó compras lujosas en tiendas extranjeras.
La Fiscalía sostienen que, según la investigación realizada por Probidad, Pignato siendo Secretaria de Inclusión Social en el período de Funes, no percibió ingresos, pero sí pagó deudas.
“Era la Secretaria de Inclusión Social, pero no devengaba ni un centavo; entonces no se le ha establecido que ella pudo haber obtenido el ingresos lícitamente hasta este momento”, manifestó para entonces Amaya.
El Ministerio Público, por otra parte, ha confirmado que se ha abierto un proceso penal contra el expresidente.
En la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia cuando Funes fue enviado a juicio civil, el máximo tribunal estableció que era “procedente informar al Fiscal General de la República sobre la comisión de un hecho delictivo”.