La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia anunció hoy que ha girado órdenes a instituciones gubernamentales para que revisen sus índices de reserva de información.
La cifra exacta de temas reservados en todo el Gobierno es de 4,997
Recientemente El Diario de Hoy publicó un reportaje especial sobre los temas catalogados como información reservada en 24 diferentes dependencias del gobierno, entre ministerios y autónomas.
La Secretaría de Transparencia explicó que entre las instituciones que tienen los índices de reserva más extensos están: Minsiterio de Educación, FSV, MAG, FOSAFFI, ISDEM, FOSOFAMILIA, LNB, ANDA, CONAMYPE, FOSALUD, CENTA, MDN, CEL, PNC.
El Salvador dispone de una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) pero los ciudadanos tienen límites sobre lo que pueden preguntar ya que hay miles de temas que las instituciones mantienen como “reservados”.
Todos los temas que se han clasificado como “temas reservados” en las carteras públicas se han amparado en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información, el cual contiene ocho literales que les faculta a no entregar la información por periodos que van desde uno a siete años.
Entre las entidades que tienen un amplio abanico de información reservada se encuentra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) con 172 temas.
Entre ellos destacan los informes de indicadores de calidad del agua, y el consolidado de regiones, laboratorio hidrogeología. Es decir que, si un ciudadano quiere saber los indicadores de la calidad del agua que llega a sus hogares la autónoma le niega la información porque alega que podría ser utilizada contra la entidad, “por incidencias de faltas de muestreo”, califica la autónoma. La reserva de esa información se encuentra a partir del 8 de mayo de 2012 hasta mayo de 2019.
Al respecto, ayer, representantes de la Secretaría de Transparencia opinaron que “eso no debe ocurrir”.
¿Cómo hacen las instituciones para reservar la información?
Hace algunos días, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, explicó al respecto que: “cada institución tiene la autonomía y la independencia para elaborar su propio índice, el cual debe remitirse al instituto, tal como lo dice el artículo 23, en el que se detalla que nosotros debemos llevar un registro centralizado”, destacó Campos.
Añadió que las dependencias o las diferentes oficinas que conforman una institución son las que definen qué documentación se catalogará como reservada.
De acuerdo al artículo 22 de la LAIP: “las unidades de Acceso a la Información Pública elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de la información clasificada como reservada. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de clasificación, su fundamento, el plazo de la reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. Dicha información deberá ser remitida al Instituto”.
Campos aseguró que en su mayoría, la entidades gubernamentales cumplen con lo requerido en el artículo anterior.
Pero para Xenia Hernández, abogada de Funde-ALAC, Capítulo Transparencia Internacional, el problema es que las instituciones no se apegan a lo que dicen el artículo 19 de la Ley.
“El problema parte que al artículo 19 le dan una conveniencia según cada institución. El artículo 19 es bien claro, le da ocho razones donde la información puede ser reservada”, explicó.
Según Hernández, las instituciones públicas y autónomas construyen sus índices de información reservada “tan genéricos” cuando el mismo Instituto les ha dado los lineamientos de que las reservas no pueden ser de esa forma porque deben de ser razonadas a través de una resolución.
El oficial de información del IAIP, Vicente Hernández, aseveró que los primeros diez días hábiles de enero o de julio, las dependencias gubernamentales deben presentar la lista de los ítems que entran en reserva.
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