Las cadenas que protegen casi cinco mil temas tabúes del Gobierno podrían ser quitadas, ya que la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPTA) impulsa desde ayer un proceso de revisión, actualización y desclasificación para entidades gubernamentales del Órgano Ejecutivo.
La medida obedece a las múltiples demandas ciudadanas y a la reciente publicación de este rotativo de un reportaje especial sobre los índices de información reservada que tienen 24 dependencias y autónomas del gobierno.
Visite el especial: Algunas de las más de mil cosas que el Gobierno se “reserva” de responder
La Secretaría de Transparencia explicó que son 15 las instituciones que tienen los índices de reserva más extensos: el Ministerio de Educación, Fondo Social para la Vivienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal , Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, Lotería Nacional de Beneficiencia, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Fondo Solidario para la Salud, Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal, Ministerio de Defensa Nacional, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Ministerio de Economía y la Policía Nacional Civil.
La medida incluye la convocatoria de esas 15 entidades, con las que realizarán un taller para que reduzcan las reservas en los documentos.
La directora de Participación transparencia y anticorrupción, Aurora Cubías, manifestó que “las 15 instituciones que se han planteado con altos índices de reservas serán convocadas la próxima semana para trabajar una revisión minuciosa sobre cada una de ellas a fin (de conocer) si es válida la reserva, legal y adecuadamente fundamentada, y si no que se desclasifiquen de forma inmediata”.
El Salvador dispone de una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) desde el 8 de abril de 2011, pero los ciudadanos tienen límites sobre lo que pueden preguntar ya que hay 4 mil 997 temas que las instituciones mantienen como “reservados”.
Todos los temas que se han clasificado como “temas reservados” en las carteras públicas se han amparado en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información, el cual contiene ocho literales que les faculta a no entregar la información por periodos que van desde uno a siete años.
La iniciativa será acompañada por el apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien brindará los lineamientos y recomendaciones generales para clasificar la información de manera adecuada.
Al momento solo son 15 dependencias del gobiernos, pero el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, espera que más entes se sumen al proyecto.
Sobre diversos casos
Respecto a casos puntuales de información reservada como viajes de expresidentes, detalles de la calidad de agua o documentos de resultados de la leche pasteurizada, entre mucho otros, Cubías aseveró que “los documentos sobre calidad de agua y alimentos deben ser público, porque es de interés público”.
Acerca de los viajes, detalló que han cumplido con la “publicación de los datos que el Instituto ha establecido, de acuerdo a la Ley, lo que se pueden revelar”.
El reto para el IAIP y la Secretaría está a la vista, ya que la Ley faculta a las dependencias de Estado a que de acuerdo a criterios establecidos pueden reservar la documentación en base a su discreción, pero la meta es que ese índice de casi 5 mil documentos se reduzca y la ciudadanía conozca el quehacer con exactitud el gobierno.