Miembros de la agrupación civil Acción Ciudadana demandaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por permitir que los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa negaran información sobre las personas que les financiaron la campaña en las elecciones de 2015.
Según los miembros de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar y Roberto Rivera, desde febrero solicitaron la información al FMLN, ARENA, PCN, GANA y PDC, pero estos se negaron a darla aduciendo que debían proteger a sus donantes.
Luego acudieron ante el TSE, pero tras una audiencia el organismo falló en favor de los institutos políticos y por eso ahora piden un amparo a la Sala de lo Constitucional.
“En sus sentencias el TSE tuteló de alguna manera la identidad de los donantes; no obstante, la sentencia de la Sala de lo Constitucional establece que cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder a la identidad de los donantes sin ninguna restricción y también el Tribunal Electoral avaló que los partidos políticos no hagan una rendición de cuentas detallada; entonces, esas violaciones se vienen a denunciar”, explicó Escobar.
En efecto, en agosto de 2014 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Partidos Políticos por omitir el acceso a ese tipo de información y en febrero de 2015 el mismo Tribunal declaró “no cumplida” su sentencia por parte de la Asamblea Legislativa.
“Son sentencias (del TSE) que en lugar de tutelar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía lo restringen de una manera, para nosotros, inconstitucional porque está protegiendo a los donantes que efectuaron aportaciones a los partidos antes de febrero de 2015; eso es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral”, remachó Escobar.
Pese al fallo, ni la Asamblea ni los partidos políticos quieren ceder a revelar sus fuentes de financiamiento.
El caso de Guatemala
Eso preocupa a los demandantes por lo que ha sucedido en Guatemala, donde recientemente se destapó una investigación sobre cómo el crimen organizado financió la campaña política del partido que llevó al poder a Otto Pérez y a Roxana Baldetti, ambos presos por su relación con una red delictiva involucrada en varios casos de corrupción.
“Los partidos políticos son un canal abierto para actos de corrupción, por eso la importancia de que los ciudadanos conozcan de dónde provienen los fondos para las campañas”, externó Escobar.
Los miembros de Acción Ciudadana dicen que han detectado que los partidos recurren a contratar más personal, porque de sus empleados obtienen parte de los fondos para las campañas.
“Hemos encontrado que hay varios empleados y servidores públicos que están financiando a los partidos políticos… El problema que eso conlleva es que se está inflando el Estado a base de plazas que los partidos se reparten para financiar estos institutos políticos y eso es grave; aparte de la posible penetración de grupos delictivos como ya lo estamos viendo que en algunas alcaldías está pasando y eso todavía falta por destapar cosas”, aseguró Rivera.
De acuerdo al movimiento cívico, en la pasada campaña electoral de diputados y alcaldes los partidos recibieron casi $30 millones, pero señalan que no se sabe de dónde proviene esa cantidad de dinero.
Respecto a la demanda de amparo que presentó Acción Ciudadana, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, recordó que ese tribunal ya emitió una sentencia en la que obliga a los partidos a revelar información sobre las fuentes de financiamiento, la cual es de obligatorio cumplimiento para todos los salvadoreños.
“La sentencia está emitida y ahora no queda más que cumplirla, y esto no es un acto de arrogancia, es una manifestación del Estado de Derecho. La Constitución y las leyes se cumplen, pero también las sentencias de los tribunales se cumplen, así es que si hay una sentencia en ese sentido no queda más que cumplirla”, dijo tajantemente el funcionario de la CSJ.
Los demandantes dijeron que aparte del proceso que ya está en curso en la Sala de lo Constitucional tienen otra opción, la cual es acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para que obligue al Tribunal electoral y a los partidos políticos a abrir sus cuentas y sus fuentes de financiamiento.