Una de cada cinco micro y pequeñas empresas en el país sufre el pago de extorsiones, y un número aún mayor es víctima de otros delitos.
Esa fue la principal conclusión del estudio “Extorsiones a la micro y pequeña empresa de El Salvador”, que ayer presentó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
La investigación halló que un 22 % de las Mypes entrevistadas pagan extorsión.
Los datos de este estudio provienen de una encuesta realizada a 3,977 micro y pequeñas empresas a nivel nacional.
De ellas, un 42 % reconocieron que fueron víctimas de algún delito en los doce meses previos al sondeo.
De acuerdo con Fusades, uno de los principales hallazgos que resultó de esta investigación es que la mayoría de las Mypes abatidas por este delito reciben la amenaza de forma directa y no vía telefónica.
El documento indica que de las empresas afectadas, un 59 % fue sometida a un tipo de extorsión sistemática, que se caracteriza por la interacción entre víctima y victimario. Este tipo de extorsión es la más frecuente, ya que los delincuentes someten a su entorno a través del pago periódico, uso de amenazas y acciones de presión, según el estudio.
Por otro lado, un 12 % de las Mypes fue sometido a un tipo de extorsión oportunista, es decir, a través de métodos impersonales para exigir el pago, como por ejemplo: a través del uso de teléfonos celulares.
Estos resultados confirman algunas percepciones, pero contradicen otras.
“El estudio realizado muestra que las Mypes, en su mayoría, son víctimas de extorsiones de tipo sistemática; sin embargo, el discurso oficial y la estrategia gubernamental ubican a la telefonía celular como el foco alrededor del cual gira la extorsión, lo que hace que se concentren en la extorsión oportunista y no en la sistemática”, reza un comunicado de prensa distribuido por Fusades.
En efecto, el Gobierno de El Salvador implemento recientemente un plan de medidas extraordinarias en el que se impuso un mayor control en los centros penales, restricción de señal de telefonía en los recintos, entre otras cosas, para “bajar los indices de extorsión” que según ellos provenían en su mayoría de los centros penitenciarios.
“El estudio nos revela que únicamente tres de cada diez extorsiones se realiza a través de teléfono celular, en el pasado, el discurso oficial que se ha perpetuado durante años es que el 80 % de las extorsiones se cometían a través de teléfonos celulares, es decir ocho de cada diez extorsiones. Entonces vemos que el discurso oficial está muy separada de la realidad de la micro y pequeña empresa”, indicó Carlos Ponce, Consultor del estudio.
“Lo que sucede es que al no haber evidencia, toman los datos (el Gobierno) de las denuncias que reciben y las extorsiones que más se denuncian son la de tipo oportunista más que las sistemáticas”, indicó Margarita Beneke de Sanfeliú, Directora CIE de Fusades.
Ante esta situación Fusades destacó que es necesario que se amplíe el enfoque actual de la estrategia preventiva oficial para disminuir la incidencia de las extorsiones cometidas contra las Mypes.
“La principal apuesta del Gobierno para prevenir las extorsiones es la Ley Especial contra el delito de la extorsión y se enfoca en combatir el uso de teléfonos celulares en el cometimiento de dicho ilícito… sin embargo, no afecta la modalidad más común y peligrosa que caracteriza y perpetúa la victimización de las Mypes, que es la extorsión sistemática”, advierte el estudio.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, la extorsión de tipo sistemática se caracteriza por múltiples pagos que varían en términos de organización y estructura, entre ellos los pagos periódicos (53 %) y los esporádicos (22 %).
En el caso de la extorsión oportunista, donde se mantiene la anonimidad del victimario a través de métodos impersonales para la entrega del pago, los extorsionistas logran recibir el pago de sus víctimas oscilan entre el 10 % y los que no reciben ningún pago ascienden al 81 %.
Según lo indicó Carlos Ponce, consultor del estudio, la afectación de las extorsiones tiene una fuerte correlación con la presencia de pandillas en el entorno donde se encuentran las Mypes. Un 49 % de las empresas afectadas están ubicadas en lugares donde existe presencia de pandillas y un 28 % ha sido víctima cuando no hay presencia de estos grupos.
Preocupan costos que genera el delito
Pese a que el estudio presentado por Fusades no detalla un monto promedio que paguen las empresas en concepto de extorsión (esto será parte de la continuidad que se le dará al estudio el próximo año), analistas destacaron ayer que es preocupante el costo económico de la extorsión en el país.
De acuerdo con un informe presentado por el Banco Central de Reserva (BCR), en 2014 el costo económico total de la violencia ascendió a $4,026.3 millones, es decir un 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) 2014. De esa cantidad, alrededor de $756 millones fue el costo por el delito de extorsión.
“Estamos gastando demasiado en concepto de un delito”, advirtió el analista y consultor nacional, Mario Pozas.
Pero no solo preocupa el costo que genera el flagelo, sino que también, la forma en cómo este delito aleja la inversión.
Los datos del BCR demuestran que ese mismo año en que se realizó el estudio sobre los costos por este delito, también se vio reflejada una reducción de $28.7 millones en la inversión privada.
De acuerdo con el estudio de Fusades, respecto a los efectos en la actividad económica de las empresas, cerca del 60 % de las Mypes entrevistadas considera que la delincuencia e inseguridad es un problema grave para el desarrollo de su empresa, alrededor de un 40 % afirma que la delincuencia afecta las actividades de sus negocios y un 35 % considera que este problema incide en sus decisiones de inversión.
Sin embargo, estos porcentajes son mayores para las empresas que sufrieron alguna acción delincuencial, siendo mucho más significativo para las que fueron víctimas de extorsión, ya que un 79 % lo califica como un obstáculo muy grave, 70 % dice que afectó su actividad y un 61 % señaló que esto afectó su decisión de inversión.
Entre las principales causas señaladas por las empresas está que se reducen sus ventas, pues algunos clientes no quieren llegar a sus zonas por considerarlas peligrosas, además las empresas proveedoras tampoco quieren llegar por la misma razón.