Además de robarle el dinero y la tranquilidad a cientos de pequeños y medianos empresarios las extorsiones también le están robando a los salvadoreños sus ansias de emprender un nuevo negocio. Así lo cree Mario Pozas, un analista y consultor especialista en temas de seguridad, que ha analizado el más reciente estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre el impacto de las extorsiones en las pequeñas empresas.
De acuerdo con este documento, una de cada cinco micro y pequeñas empresas en el país sufre el pago de extorsiones y un número aún mayor es víctima de otros delitos.
¿Cómo considera este primer estudio específico que hace Fusades sobre el impacto de las extorsiones en las pequeñas empresas?
Es un documento rico, valioso en las técnicas que utiliza y sé va a hacer muy provechoso. Es de las pocas investigaciones que nos permiten un análisis a fondo y que esperamos que sirva para profundizar nuevas investigaciones.
El estudio indica que solo el 22% de las pequeñas empresas ha sido víctima de las extorsiones. ¿No es muy poco?
En materia de seguridad es importante tener en cuenta las dos dimensiones de la seguridad: una, la dimensión subjetiva, la percepción de inseguridad que se tiene que se tiene y otra, la dimensión objetiva, que son los datos fríos. Puede ser que el fenómeno de la extorsión por su impactos social, por las amenazas y la afectación emocional en las víctimas, de alguna forma sea un delito que esté ocurriendo en un dimensión. Es importante decir que el estudio solo analiza micros y pequeñas empresas. Quiere decir que las extorsiones que se cometen a familias, particulares y transportistas no se contemplan en el estudio. Hay que leer el documento desde esa perspectiva. Los demás no se tienen denuncias. El tema es bien complejo y nos lleva a pensar que en realidad las víctimas no están denunciando.
Eso significa que las pequeñas empresas no están denunciando la extorsión.
La tasa de denuncia del delito de extorsión a nivel general es baja. Según datos menos del 40% de víctimas del delito denuncia y estoy hablando de todo tipo de delitos.
En general no denuncian por el temor a las represalias, porque no sirve para nada y por último, aparece el tema de la desconfianza en las instituciones que desincentiva la presentación de denuncias.
El estudio identifica dos modalidades de la extorsión. Una es la sistemática y otra, la oportunista. ¿Qué significan cada una de ellas?
La sistemática normalmente son cometidas en su gran mayoría por las pandillas. Esto supone presencia territorial de las pandillas, llegan y cobran la renta de forma periódica y lo cobran sistemáticamente. Es lo que normalmente se conoce como la renta. La oportunista ocurre en menor proporción y ahí entran otros actores que no necesariamente son pandilleros. Ahí va a encontrar otros entes criminales que se están aprovechando de la realidad de este río revuelto. Viene alguien y se aprovecha de esto.
¿Y cuál es el impacto económico que tienen estas extorsiones para las pequeñas empresas?
Esta es una reflexión personal. El principal impacto que ha tenido la extorsión a los sectores productivos es que ha afectado el emprendedurismo del salvadoreño. Aquella tradición por la cual se caracterizaba el salvadoreño, por su iniciativa, emprender nuevos negocios, nuevos retos. Esa es quizá la principal afectación al entorno productivo. Uno habla con muchas personas que están en condiciones que poner su tiendita o su cafetería y lo primero que ponen para no hacerlo es porque están siendo extorsionados.
Hay una afectación directa a un espíritu emprendedor que ha sido una característica típica de los salvadoreños y esto tiene una consecuencia enorme para toda la economía.
¿Y se conoce un dato del costo económico que esto tiene para el país?
El estudio no nos permite indagar cuánto es los montos de la extorsión. Esa información la tienen los investigadores, pero no la han procesado. Pero si usted examina algunos datos, las gremiales de los empresarios, nos indican que ellos están pagando $10 millones al mes en concepto de extorsiones. Son $120 millones al año.
El estudio no considera a los transportistas como pequeños empresarios. ¿Por qué?
Para mí es una tercera modalidad que afecta a los empresarios que su función es móvil. Es un peaje porque les cobran cuando entran y salen por los diferentes territorios. Yo creo que después de esto, los investigadores deberían pasar a otros sectores más específicos como el del sector transporte.
El tema es complejo…
El problema de la extorsión también representa una negación de la esencia del Estado. El extorsionista tiene la facilidad para amenazar, para cobrar y para hacer fuerza en el territorio. Ha dejado de lado esa intervención del Estado y sus instituciones. Como lo dice un autor: prácticamente la extorsión es equivalente a un impuesto sobre la renta porque se cobra sobre las actividades productivas. Es además un arancel porque cobra todo lo que entra y sale de ese territorio y es también una contribución especial porque la víctima paga por protección. Es como un Ministerio de Hacienda, pero más efectivo que el Ministerio de Hacienda.
¿Qué cree que hace falta para investigar mejor este delito?
Hace falta mucha labor de inteligencia financiera porque usted no puede ocultar $120 millones así porque sí. Esos $120 millones es como dejar entrar un elefante a la casa. Esa inteligencia financiera es saber a dónde se va ese dinero. Esta es labor que se exige y se espera de los bancos, la superintendencia, todos los que pueden detectar flujos monetarios anormales.
No estamos atendiendo ni golpeando el crimen organizado desde sus recursos.