Recibí esta semana una nota del representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aclarando que esa institución “no ha financiado ninguno de los componentes del nuevo sistema de votación electrónico, que se está instalando en el Salón Azul de la Asamblea” tal como lo señalé la semana pasada en este mismo espacio.
Al parecer el representante del BID tiene razón, no soy quién ni tengo todos los datos para afirmar lo contrario, sin embargo, las dudas de cómo se financió la brillante idea de instalar luces led en las curules de los diputados, pantallas gigantes y un sistema de votación electrónico podría generar resabios en moros o cristianos porque no hay claridad meridiana no solo en los nombres de los programas sino el origen de los fondos… Me explico:
El BID dio un préstamo de 3,546,000 dólares, con un plazo de amortización de 25 años y un período de desembolso de 4 años con el objetivo de “hacer más eficaz, eficiente y transparente las acciones que desarrolla la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de las funciones legislativas, de control político y representación que la Constitución le asigna”. Así lo dice el documento oficial donde además se explica que uno de sus componentes para el fortalecimiento de la función legislativa incluye reglamentos de funcionamiento, código de ética y la implantación de un sistema de conteo y registro automático de votos vinculados al sistema de información legislativo…
Revisando otro documento oficial, rubricado por la presidenta de la Asamblea Legislativa y el representante de la empresa que prestó el servicio, el contrato No. 105/2015, licitación pública LO-30/2015, se denomina “Servicio de Modernización del Salón Azul de la Asamblea Legislativa”. ¿Cómo saber que se trata de dos cuestiones distintas?
En el contrato se dice que el dinero para la compra del servicio “será aplicado a la asignación presupuestaria correspondiente del presupuesto general vigente, registrado con el número del compromiso presupuestario respectivo”. Cómo saber de dónde proceden los fondos porque si bien es cierto, la presidenta de la Asamblea sostiene que “proviene del presupuesto de la Asamblea Legislativa del año pasado”, otra diputada directiva, asevera que “fue de un dinero de ahorros que tuvo la Asamblea” …mientras tanto, se desarrollan las actividades propias del préstamo del BID que los diputados desde hace varios años hacen uso de él para “modernizar la Asamblea” y que se dice que “ha sido integrado al presupuesto ordinario de la Asamblea” (no puedo comprobar esto, simplemente reproduzco lo dicho).
Pero más allá de esta minucia quiero resaltar dos cuestiones más preocupantes: uno, las unidades de votación con pantalla táctil de 7 pulgadas y lectora dactilar, en total 112, con un precio unitario de 3,320 dólares, costaron 388,440 dólares; las pantallas de identificación del nombre del diputado, en total 110 con un costo unitario de 875 dólares, suman en total 96,250 dólares. Y las pantallas de resultados de 90 pulgadas tienen un costo de 14,625 dólares. O sea que la acción de modernización tiene un costo total de 499,315 dólares.
El otro punto, mucho más de fondo e importante, es que poco o nada contribuye este tipo de herramientas para modernizar la labor legislativa, donde se sigue sin estudiar a fondo los diferentes proyectos de ley que afectan a la población, las discusiones poco o nada tienen de edificante, el nivel de la exposición de razones y contra razones es pobre, se vota por partido, los asesores no son tal cual sino militantes de uno y otro partido (cuando no amigos o familiares); los guaruras, perdón, la seguridad es grande (no sé quien podrá atentar contra un diputado), las comilonas y los viajes están a la orden del día. Dicho en pocas palabras, y en positivo, porque así lo creo profundamente, las herramientas digitales pueden ayudar y ser claves para la acción política, para fortalecer la institucionalidad, incluso los partidos políticos, siempre y cuando exista un cambio de mentalidad en las personas, en los políticos, en los diputados y comprendan, muestren una y otra vez, que son funcionarios públicos, elegidos por la población para representar sus intereses, para solucionar los problemas del país a través de leyes adecuadas y pertinentes, que la Asamblea es un espacio para la discusión y el debate de los diferentes proyectos políticos… no un botín de guerra.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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