La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado a la Asamblea Legislativa que justifique la constitucionalidad de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas de Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ admitió una demanda de inconstitucional contra la formulación e implementación del artículo 7 inciso 2° de dicha ley transitoria, relacionado al tema de la entrega del subsidio al transporte.
El viernes de la semana pasada, la Sala notificó la admisión de la demanda y ordenó a los diputados de la Asamblea Legislativa que rindan un informe sobre el tema en el plazo de 10 días hábiles.
En agosto del año pasado, Genaro Ramírez, José Barrera, Juan Pablo Álvarez y Roberto Soriano, interpusieron la demanda argumentando que existen vicios de forma y contenido en dicho artículo.
“Pusimos un recurso de inconstitucionalidad basado en dos argumentos, uno en el proceso de formación de ley y por qué viola la Constitución”, expuso Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).
De acuerdo a Ramírez, la ley se formuló sin contar con la participación y opinión del gremio de transporte.
Además, fue aprobada por la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite, sin que hubiera una deliberación completa del decreto legislativo.
En el artículo 7 inciso 2° de la ley transitoria se determinó que los autobuses y microbuses del área metropolitana de San Salvador recibirían $0.02 y $0.04, respectivamente, por pasajero trasladado como monto de subsidio.
El empresario dijo que no hay estudios técnicos que validen de dónde partieron los criterios para determinar esos montos.
Al mismo tiempo, las unidades que brindan transporte en el resto del país seguirán recibiendo $400 para buses y $200 microbuses en concepto de subsidio. Para Ramírez vulnera el derecho de igualdad contemplado en el artículo 3 inciso 1° de la Constitución.
En su resolución, la Sala sostuvo que admitió la demanda por la supuesta vulneración al artículo 135 de la Constitución, que sostiene que todo proyecto de ley debe ser discutido y después de ser aprobado debe ser trasladado al presidente de la República para que lo sancione o haga observaciones.
La Sala también especificó que se debe enjuiciar la constitucionalidad del artículo 7 en relación “a la distinción que contempla entre modalidades de subsidio y requisitos a cumplir para recibirlo”, ya que podría haber una violación al principio de igualdad.
Lo mismo argumentó con el tema de dónde partió la distinción de cuánto se entregará por subsidio a los microbuses y buses que circulan en San Salvador.
No obstante, la Sala no dio lugar a la medida cautelar, pedida por los demandantes, de suspender provisionalmente los efectos de la reforma al artículo 7 de la ley, porque ya la misma Asamblea Legislativa concedió una prórroga que culminará el 31 de diciembre de 2016.
Aunque Ramírez admitió que la resolución de la Sala, por el momento, no tendría efecto directo, ya que hay una prórroga impuesta por decreto legislativo, sí valida los argumentos que ellos habían presentado contra la implementación de la reforma.
“Una vez más la historia nos vuelve a dar la razón de todas las denuncias que hemos venido haciendo. Quienes han estado cometiendo irregularidades en cuanto a la ley son las autoridades”, expresó.
Ramírez opinó que las autoridades del Viceministerio de Transporte tienen la oportunidad de corregir los vicios señalados en la ley antes de que se levante la prorroga para poder implementarlo.
La reforma es parte del proyecto de cobro electrónico en el sistema de transporte público.
Ramírez dijo que mantienen reuniones con el VMT y espera que puedan llegar a un acuerdo para solucionar los problemas detectados para no tener que ir a otro pleito legal.