Las operaciones en El Salvador de Grupo Tomza, empresa distribuidora de gas licuado, podrían verse en riesgo debido a una “demanda fraudulenta” interpuesta por una empresa local, según explicó el asesor legal de la empresa, Enrique Portillo.
Actualmente, la gasera internacional atraviesa una “demanda millonaria con una asignación de deuda” por parte de la sociedad Servicios de Gas Propano (Segapro, S.A. de C.V.).
Esta situación se originó cuando un exgerente de la empresa, Herbert Mérida Elías, “sin tener ninguna facultad legal para hacerlo”, suscribió a Segapro documentos de obligación, con lo que se pretendería pagar una supuesta deuda que Tomza tiene con esta sociedad.
No obstante, Grupo Tomza alega que es Segapro la que están en deuda con la empresa, motivo por el cual considera que dichos documentos son fraudulentos.
Es así que la empresa mexicana asevera que esta es una “demanda fraudulenta”, simulándole así a la compañía gasera “una deuda que no existe”.
La demanda ha provocado embargos preventivos y una intervención de caja hacia Grupo Tomza causándole así “contratiempos en su desarrollo (en el país)” y que, de no revertirse esta situación, podría verse traducido en inoperancia de la empresa en El Salvador, de acuerdo con Portillo.
El problema, explica el asesor legal, está también en que el interventor no ha iniciado su labor, dejando estancada las obligaciones de la compañía en la nación.
La preocupación de la gasera es llegar al punto de inoperancia en el país, tomando en consideración que en El Salvador cubren el 23 % del mercado de gas licuado; adicional a eso, tienen establecida en nuestra nación la fábrica de cilindros que suministra a toda Centroamérica de este producto. “Toda la inversión que Grupo Tomza ha hecho en El Salvador se ha esta viendo interrumpida por esta demanda fraudulenta que está siendo víctima a la empresa”, recalcó el abogado de la compañía.
Por otra parte, indicó que en su defensa, la empresa buscará demostrar que los documentos suscritos hacia Segapro no son legales, que no están originados de ninguna relación comercial y, por tanto, esas dimensiones y esas cantidades (de la supuesta deuda) no son reales. El abogado concluyó que ni el tamaño de Segapro ni sus operaciones tienen correlación con la deuda que ha simulado.