Los miembros del sindicato de la Corte de Cuentas avalaron la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal el nombramiento de Jovel Humberto Valiente, Raúl López y Marco Antonio Grande como magistrados de esa contraloría por ser miembros activos de partidos políticos y no haberse fundamentado su idoneidad para los cargos.
La Corte de Cuentas es un tribunal y como tal no puede servir a dos amos al mismo tiempo: los intereses de quienes los nombraron y los superiores intereses del país.
Los destituidos, dijo Francisco Ayala, secretario del sindicato, nombraron en diversos puestos a parientes suyos y a miembros de sus partidos, lo que es la maña de muchos funcionarios, que echan personas con experiencia para meter a sus parentelas, amigatelas y conmilitones.
Ese es el grave problema que encara El Salvador: que el grupo en el poder y sus aliados se toman la cosa pública como su finca, llegando a servirse y no a servir las instituciones y al país. Y al actuar así, acoplado con su incapacidad administrativa, se cae en aprovechamientos personales, lo que invalida la naturaleza imparcial que debe regir en la institución.
Que los depuestos no merecieron estima de parte del personal de la Corte de Cuentas, lo demuestra el regocijo con que la noticia fue recibida.
Pero, además, el que pidan que se investigue si hubo o no enriquecimientos ilícitos pone a los cesanteados en muy mala posición, en el papel de “no me den pero pónganme donde haya”, lo que parece ser la actitud general actualmente.
Al criticar a la Sala de los Constitucional por el fallo, Sánchez Cerén la acusó de “golpista”, como si un fallo ajustado a Derecho tuviera que ver con asonadas militares.
Los “golpistas”, y lo decimos con tranquilidad, parecen quienes sin reticencia ninguna vienen anunciando desde hace rato su intención de anular el orden constitucional e imponer un esquema marxista.
Y la mejor demostración de ello no sólo es el documento “de trabajo” distribuido a los asistentes al último congreso del oficialismo, donde claramente se pronuncian a favor de imponer un régimen totalitario, como una diputada que en Los Ángeles llegó a decir: “Ganamos las elecciones pero no ganamos el poder mediático, no ganamos el poder económico, no ganamos la mayoría del Congreso…”.
Esto lleva a la pregunta de ¿cómo es que piensan obtener todos esos poderes y ceñirse a lo que nuestras leyes mandan?
La Corte de Cuentas
es los ojos de la gente
El problema de la Corte de Cuentas viene de lejos, en parte porque el nombramiento del presidente del organismo era una especie de privilegio reservado a ciertos partidos políticos, notablemente al PCN durante muchos años.
La Corte de Cuentas llevaba sus controles básicamente bien, pero el problema fue que nunca se hicieron reparos a los “peces gordos” de alguna época, sino a pequeñas figuras como secretarios municipales o cargos de bajo nivel.
Al actuar así la Corte es inútil, por lo que diremos al señor Ayala, secretario del sindicato, que en manos de ellos está hacer que esa contraloría cumpla con el espíritu de sus funciones, una de las cuales es ser los ojos y oídos del país en cuanto al manejo de recursos y presupuestos públicos.