Demanda en CSJ por nuevo ???impuesto???

El cargo del 13% aprobado por el presidente Sánchez Cerén ha provocado una avalancha de críticas de la población. Abogados lo consideran un nuevo impuesto oculto; empresarios lo cuestionan y presentaron un recursos de inconstitucionalidad.  

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Javier Argueta, director legal de la ANEP. / Foto Por Leonardo Gonz?lez

Por Jaime López

2016-06-29 6:26:00

El incremento del 13 por ciento a las tarifas de electricidad aprobado por el presidente Salvador Sánchez Cerén bajo la justificación de que será para “inversión social” por medio de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL” ha generado rechazos en los diversos sectores sociales y empresariales del país.

Para los empresarios el nuevo cargo al consumo de electricidad ha sido interpretado como un “impuesto disfrazado”, una atribución que según el director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, (ANEP), Jorge Argueta, compete no al Ejecutivo sino a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el decreto Ejecutivo número 39 que regula este incremento, los ingresos que la nueva carga impositiva  generaría  no se utilizarían para cubrir los costos de redes, distribución y usos energéticos -que ya se pagan-  sino que serían producto de un nuevo  impuesto que ha sido encubierto como cargo al consumo de electricidad”, detalló.


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“Hemos visto que el Gobierno no se satisface con los diferentes impuestos, ingresos y recursos que percibe de los ciudadanos, porque está haciendo un desvío normativo, un fraude a la Constitución, una apariencia de cargos a la energía eléctrica cuando verdaderamente está creando un nuevo impuesto”, dijo Argueta.

La nueva alza energética es anunciada por el mandatario en momentos que la electricidad ha bajado en los últimos meses, como resultado de la reducción de los precios internacionales del petróleo “el cual se ha aprovechado para decir que habrá un aumento del 13 por ciento para obras sociales cuyo destino va a CEL”, puntualizó el abogado.

Afirmó que el recargo a la factura de electricidad sería un nuevo “IVA encubierto aumentado del 13 al 26 por ciento que estaríamos pagando”, apuntó.


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Sentencias de la Sala de lo Constitucional han advertido que cuando existen impuestos encubiertos deben ser declarados inconstitucionales “porque no han pasado el tamiz de la Asamblea Legislativa”, explicó el directivo de ANEP.

Además porque se violenta el principio de caja única y de control que ejerce la Asamblea Legislativa al aprobar los presupuestos.

Implica que los ingresos que de los impuestos van al Fondo General de la Nación y la Asamblea Legislativa es la encargada por ley de aprobar la distribución en las diferentes carteras de Estado.

Pero en este caso no sucede así, porque el órgano Ejecutivo ha optado por aumentar un impuesto que ha decidido que sería para CEL.

“En eso hay que tener sumo cuidado porque las arcas del Estado se están llenando de fondos sin el control del pueblo y sin el control de la Asamblea Legislativa”, afirmó Argueta.

Añadió que con esta medida también se violenta el principio de  reserva de Ley Tributaria.

Significa que “la única que puede aprobar impuestos para los salvadoreños es la Asamblea Legislativa, pero “básicamente el Presidente de la República está aprobando un impuesto que va a llegar a todos los hogares salvadoreños a través del aumento de la energía eléctrica y que no está consensuado por los diputados”.

“Es un impuesto que no ha pasado por el procedimiento de discusión de la Asamblea Legislativa y eso violenta el principio de Ley Tributaria”, argumentó.

Recordó las partidas secretas de la Presidencia

El abogado recordó que la anulación de la partida secreta en la que en dos ocasiones la Sala de lo Constitucional dijo que la aprobación de los impuestos es la determinación  de los ingresos generales del Estado a través de impuestos.

Y eso es posible con la participación del órgano Ejecutivo  y la Asamblea Legislativa, pero “le prohibe al Presidente de la República que él emita tributos como los que hoy venimos a impugnar”.

En ese sentido el directivo de la ANEP pidió al máximo tribunal que suspenda los efectos porque el cobro comenzará el 15 de julio para que los salvadoreños no vayan a pagar un cargo disfrazado de impuesto.

Argueta negó que poner esta demanda contra el Gobierno no tiene por que afectar el acercamiento que se ha dado en los últimos días entre los empresarios y el presidente Sánchez Cerén.

“Con la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte estamos protegiendo no solo al sector privado sino a todos los usuarios de la red de distribución eléctrica del país”.

Además se debe entender esta demanda como un uso normal acudir a la Sala de lo Constitucional en un país democrática como se ha hecho en otras ocasiones, en donde se ha interpuesto demanda en la que se cuestiona la constitucionalidad de los actos y se declara inconstitucional, “y el Gobierno no tendría que molestarse por el tema”.

Al contrario, el Gobierno debería tomar en cuenta las recomendaciones que ha hecho ANEP, como emitir disposiciones que tengan como fin la austeridad en la contratación de personal,  uso racional de los vehículos, excesos de gastos y préstamos.

Como insumos de los Enades (encuentros entre expertos y empresarios) que hay una mala administración, hay una mala guía en cuanto a los fines del Estado.

“Si se aprueban impuestos que podrían ser destinados a la seguridad y la educación no serían posiblemente malo constitucionalmente hablando pero el gasto excesivo, el derroche de dinero ahora se lo quieren trasladar a los ciudadanos a través de la energía”, puntualizó.

Al final en esta situación el Gobierno debería hacer un estudio legal y  político que a ellos les corresponde, pues posiblemente el pueblo al final les pasará la factura”, dijo.

El director jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, (ANEP), Javier Argueta presentó este miércoles un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema para frenar el incremento del 13 por ciento a la energía eléctrica del país. Foto EDH / Leonardo González.

“El gasto excesivo y el derroche de dinero que han tenido, ahora se lo quieren trasladar a los ciudadanos  a través del costo de la energía ”

Javier Argueta Director legal de la Asociación de la Empresa Privada