Javier Argueta, encargado de asuntos legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), mencionó en una entrevista matutina que el Gobierno debe estudiar la inaplicabilidad del nuevo cargo de 13% al pago de la energía eléctrica.
Según el representante de la gremial, este nuevo costo ya está generando reacción de la población.
El Gobierno ha afirmado que los recursos del nuevo cargo se destinarán para obras en CEL.
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Pero para Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, la principal cuestionante es quién garantiza que estos fondos se van a utilizar de la mejor manera.
Para Hernández el Gobierno está preocupado por la falta de liquidez y por eso toma este tipo de decisiones "inconsultas".
Federico Hernández: una persona con consumo de 400 kw horas paga $40 al mes, cancelará $45.20 con nueva tarifa. Impacto grande en 12 meses.
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) June 30, 2016
Además señaló la decisión como abuso de autoridad y le preocupa qué otro tipo de medidas pueda tomar el Ejecutivo.
Tanto para el representante de ANEP como de la Cámara de Comercio el cargo a la electricidad es un nuevo impuesto y además es inconstitucional.
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Argueta invitó a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) a que estudie la inaplicabilidad del cargo a la electricidad aprobado por el Ejecutivo, por ser inconstitucional.
Javier Argueta, ANEP, en @Frentea_Frente: recomendaría que la Siget estudie inaplicabilidad de nuevo cargo y a la @STPP_SV analice derogarlo
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) June 30, 2016
La ANEP interpuso ayer una demanda ante la Sala de lo Constitucional, para que se declare inconstitucional el aumento a la electricidad aprobado por el Gobierno.
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Argueta y Hernández señalaron que el Gobierno no detalla específicamente en qué obras se invertirá el nuevo cargo a la electricidad.
El representante de la ANEP también cuestionó el que los fondos se destinen para obras en CEL, tomando en cuenta que la autónoma ha sido señalada por la ejecución de la obra El Chaparral.
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Argueta espera que con la demanda presentada ayer ante la Sala de lo Constitucional se suspenda provisionalmente el cobro.