La insólita reacción oficialista al fallo de la Sala lo Constitucional que destituye a los tres magistrados de la Corte de Cuentas no da más lugar a pensar que lo que se busca mantener una institución pasiva y sumisa ante despilfarros, abusos y tropelías.
En el Derecho inglés se decía “the king cannot do wrong”, el monarca no puede errar o cometer delito, lo que dejó de aplicarse con los reinados constitucionales de la actualidad, pero que rige en las dictaduras hispanoamericanas y los reinos africanos y del Medio Oriente.
Pero lo que no debe haber en la Corte de Cuentas ni en la administración pública son “tapadores profesionales”, de los mismos que tapan a los que se echan sus centavos a la bolsa o callan la identidad del funcionario que atropelló y mató a un motociclista.
Son los que “justifican” calificar como “confidenciales” los viajes de Funes, destruir documentos como en Economía, retardar la entrega de información o calificar como cuestiones privadas los caudales de un expresidente de la Asamblea, que pasó de “nada” a gran inversionista.
Esto comprueba una realidad: que mientras no se establezca en el país una CICIG será muy difícil ir tras los corruptos y abusadores.
Una señal de esto son las relativamente pequeñas cuantías que les han descubierto a corruptos, unos vehículos, el pago de hipotecas, dineros que puntualmente entrega una oficina sin visible actividad, etcétera.
En Guatemala lo robado que ha ido saliendo a luz son millones de millones y estructuras montadas para robar también millones de millones.
Como está sucediendo en Guatemala y Honduras, donde a Pérez Molina y la Baldetti no sólo los metieron en la cárcel, sino que se ha comenzado a devolver a la nación bienes robados, hace un par de días se divulgaron fotos de una lindísima propiedad que Pérez Molina adquirió, esas fincas de ensueño que todos quisieran tener pero sólo con fondos legítimos.
Hay varios mecanismos para ir tras los corruptos y los abusadores: el más importante es la libre expresión, que faculta a todos los ciudadanos denunciar, investigar y exponer toda clase de hechos y fechorías.
El segundo son los pesos y contrapesos institucionales, que permiten a unas instituciones estatales contrarrestar lo que otras hacen excediendo sus facultades.
Hay contrapesos oficiales y los hay independientes, como Funde y grupos internacionales que vigilan, como ejemplo, el comportamiento de aparatos de seguridad.
Otro mecanismo son las denuncias y posturas de personas de prestigio internacional, como grupos de expresidentes, escritores, líderes religiosos y los medios internacionales, como el Wall Street Journal.
Los nombran los políticos
“a su imagen y semejanza”
La Corte de Cuentas puede dejar de ser un organismo politizado e ir transformándose en una entidad de efectiva vigilancia.
El problema es que los nombramientos los hace la Asamblea, donde todo puede pasar, pero que con frecuencia se cae en los grotesco, como el caso de un expresidente que fue forzado a devolver esculturas y bienes propios de la institución, pero que se libró de la cárcel porque así son las cosas en nuestro El Salvador.
La extrema izquierda continuamente denuncia “privilegios” sobre la base de entidades productivas importantes, pero sin haber, hasta la fecha, descubierto en qué consisten esos privilegios…