Exmagistrado Hernández Valiente: ???Hay un fraude a la Constitución con nuevo cobro???

descripción de la imagen
San Salvador, lunes 4 de enero de 2016. Una empresa de energ??a el??ctrica realiza cambios de cablado en el bulevar Constituci??n en San Salvador. Foto EDH Jorge Reyes / Foto Por Archivo

Por José Zometa/Rafael Mendoza L.

2016-06-29 7:53:00

El nuevo cobro del 13 % para “inversión social” que el gobierno cargará a la factura de energía eléctrica es un claro fraude a la Constitución de la República, de acuerdo con el abogado constitucionalista René Hernández Valiente, quien agregó que no tardará algún ciudadano en interponer una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No va a tardar (quien ponga un recurso) porque cuando se toca la bolsa del ciudadano, el ciudadano como que tiene como más espíritu para presentar un reclamo”, señaló. 

Según Hernández Valiente, este tema podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad en vista de que no se trata de un cobro como parte de la tarifa, sino que irá a otro destino. 

“También cabría la inconstitucionalidad porque hay un fraude de Constitución, no es parte de una tarifa en donde estemos cubriendo el servicio, sino que ya lo dijeron, es para finalidad social, lo cual nadie se opone a que haya una política social, que haya un presupuesto social que cubrir, nadie se opone, pero que lo hagan conforme a la Constitución”, manifestó el abogado constitucionalista.

De acuerdo con Hernández Valiente, no hay duda de que el nuevo cobro anunciado se trata de un impuesto encubierto, debido a que cuando los consumidores pagan el servicio es únicamente por la energía eléctrica.

“De acuerdo con las mismas declaraciones del presidente (Salvador Sánchez Cerén) y de su ministro (Tharsis Salomón López), es un impuesto encubierto porque la tarifa de energía supone, cuando pagamos es el servicio por la contra prestación del dinero que pagamos por la energía, punto, no hay más. Pero si en la tarifa se incluye, como ellos dicen, para finalidad social, automáticamente es un impuesto encubierto”, analizó el jurisconsulto.

En ese sentido, consideró que el Gobierno ha tomado la decisión de incluir este impuesto de tal forma que no se les haga cuesta arriba si lo someten a consideración de los diputados, quienes son los únicos que pueden aprobar impuestos, de acuerdo con la Carta Magna.

Y, en ese sentido es que reitera que es un “fraude” a la Constitución. “Para no ir a la Asamblea y le obstaculicen, porque necesitan dos tercios de los votos, lo hacen por decreto ejecutivo. Eso se llama fraude de Constitución”.

Hernández Valiente dijo que el recurso de inconstitucionalidad, tal como ya lo hizo la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se puede presentar desde el momento en que entra en vigencia el decreto y el amparo, desde el momento en que inicie el cobro al ciudadano.