Mucho se ha dicho sobre el caso del horrendo crimen cometido en contra de los sacerdotes jesuitas hace 27 años. Especialmente en estos días que se ha conocido de una solicitud de extradición por parte de un tribunal español en contra de varios militares que se vieron involucrados en dicho caso. Algunos de ellos guardan prisión en espera de una resolución sobre dicha solicitud por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Los argumentos jurídicos para no acceder a dicha solicitud son claros. En la época en que ocurrieron los hechos existía una prohibición constitucional de extraditar nacionales y no existía un tratado de extradición con España. Incluso, algunos de ellos fueron juzgados y condenados en 1991 y posteriormente fueron favorecidos con la Ley de Amnistía que fue aprobada por unanimidad en 1993.
La ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz estableció en sus considerandos que se promulgaba con el fin de alcanzar la reconciliación y reunificación de la familia salvadoreña. Pretendía la búsqueda de la reconciliación para una sociedad que había sufrido crímenes atroces por ambos bandos durante el conflicto armado. Era importante dejar atrás las heridas dolorosas y caminar hacia el futuro con una cultura de paz.
Sin embargo, es importante destacar que la solución a la actual solicitud de extradición, trasciende lo jurídico y sus argumentaciones. Y es que en todo el mundo los tribunales encargados del control constitucional siempre dan fallos políticos. Pero nos referimos a fallos de política de Estado y no de política partidista. Es decir, dan resoluciones de acuerdo a lo más conveniente a los intereses de una sociedad en un momento determinado de su historia.
Como ejemplo, vemos que en los Estados Unidos después de la emancipación de los esclavos, prevaleció la doctrina de “iguales pero separados”. Esto dio pauta para una gran discriminación en contra de la gente de color, los cuales tenían derecho a educación pero en escuelas separadas, derecho a los servicios pero en áreas separadas, derecho al transporte pero separados adentro de los buses y así sucesivamente.
A finales de la década de los 50 y durante los 60 se desató un descontento de muchas comunidades de color en diferentes partes de dicho país que empezaron a cuestionar tal discriminación. Empezó una lucha por los derechos civiles y empezaron a darse hechos de violencia que amenazaban con contagiar a toda la nación.
Fue la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la que terminó con casi cien años de dicha doctrina, a través de un fallo judicial. La corte resolvió que dicha doctrina era inconstitucional, pero no a través de un mero análisis jurídico, sino que en función de lo que era más conveniente para la sociedad norteamericana en ese momento. Creyeron que lo más importante para su sociedad era la integración en todos los ámbitos, sin discriminación por raza. Fue una decisión política en función de sus intereses nacionales.
Hoy se habla de justicia en el caso de los Padres jesuitas, pero igual hubiéramos querido ver justicia en los asesinatos del ministro de la Presidencia José Antonio Rodríguez Porth, del jesuita y columnista de El Diario de Hoy Francisco Peccorini, del empresario Roberto Poma, del Canciller Mauricio Borgonovo Pohl, del presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco José Guerrero, del Fiscal General Roberto García Alvarado, del rector de la Universidad Nacional Carlos Alfaro Castillo y cientos de alcaldes que fueron secuestrados y asesinados, entre otros.
Si los familiares de los norteamericanos asesinados en la masacre de la zona rosa decidieran iniciar un juicio penal en los Estados Unidos y se solicitara la extradición de la comandancia del PRTC que se hizo responsable de dicho crimen, ¿se iniciaría la extradición en contra de ellos? Es más, algunos de ellos tienen cargos en el actual gobierno y en la Asamblea Legislativa. Personalmente creo que tampoco deberían ser extraditados en ese caso hipotético, pues fueron amnistiados y como país debemos ver hacia adelante y dejar para siempre los hechos violentos de nuestro conflicto en el pasado.
Es por eso que esperamos que la Corte Suprema de Justicia en pleno, sepa tomar la mejor decisión en este caso. La resolución del mismo debe generar estabilidad y armonía social en función de lo más conveniente para la sociedad salvadoreña en este momento histórico. El pasado es doloroso, no solo para los familiares de los sacerdotes jesuitas, sino que para miles de familias salvadoreñas que perdieron a sus seres queridos durante el conflicto. En honor a ese sacrificio, es que todos los hechos de violencia de nuestro conflicto deben quedar en el pasado y como país debemos ver hacia adelante en la construcción de nuestra democracia y el bien común.
*Colaborador de El Diario de Hoy.