Sí es problema administrativo
Juan Martínez
El agua es uno de los recursos peor administrados en cualquier país, en gran parte debido a la naturaleza misma de su suministro. Los costos de provisión del agua potable están compuestos en su mayor parte por costos fijos: el almacenamiento, purificación, bombeo y distribución requieren inicialmente de grandes inversiones de capital, y la infraestructura tiende a mantenerse funcional por muchos años.
Esto genera incentivos para que gobiernos miopes ofrezcan el agua a un precio muy bajo, primero porque el costo variable en el corto plazo es muy bajo, y segundo, porque los hace verse bien ante los ojos del electorado. Sin embargo, en el largo plazo, grandes inversiones son necesarias para compensar por el deterioro a la infraestructura. Para mantener una provisión sostenible, el precio del agua debería incorporar estos costos. En la práctica, el precio tiende a ser demasiado bajo, e incrementarlo es una medida impopular. En El Salvador, este es claramente el caso. La política de subsidios y la corrupción han privado a ANDA de los recursos necesarios para hacer inversiones preventivas y mejoras en la eficiencia de la distribución, y han incentivado el desperdicio, dejando a la población a la merced de los caprichos del clima.
El cambio climático ha hecho de las suyas en muchas partes del planeta. Las sequías provocadas por El Niño en los últimos años tienen a muchos gobiernos de América Latina, entre ellos Costa Rica y Venezuela, tomando diversas medidas para mantener la provisión del agua potable para su consumo y para la generación de energía eléctrica.
En El Salvador, dicen que estamos en crisis porque el agua no alcanza, y que no alcanza porque no ha llovido lo suficiente durante los últimos cuatro años, y porque el suelo salvadoreño ha perdido su capacidad para absorber el agua lluvia. Sin embargo, el declarar una alerta por la deficiencia en el suministro de agua suena como si la escasez del vital líquido fuera un fenómeno nuevo, que nos tomó por sorpresa.
El cambio climático, la desertificación del territorio salvadoreño, la contaminación de los mantos acuíferos del país y la urbanización son temas de los que se viene escuchando desde que tengo memoria. Ninguno de estos fenómenos puede considerarse una sorpresa y nada justifica el que no estemos preparados.
Llamar a la situación actual una “crisis del agua” parece implicar que la escasez que vivimos hoy en día ocurre debido a estas causas fuera de nuestro control, incluso a pesar de que el país ha hecho su mejor esfuerzo por administrar eficientemente el recurso hídrico. En realidad, el gobierno actual, y los anteriores, han fallado en este aspecto, y ahora las consecuencias comienzan a materializarse.
Este es sólo un caso más de negligencia en la administración pública, no de una crisis del agua. Si lo que le interesa al gobierno actual es asegurar la provisión de agua potable a toda la población, su respuesta irá más allá de generar un ambiente de crisis, y tomará medidas que en el largo plazo aseguren la provisión sostenible.
Esto incluye redefinir la política de precios de ANDA. El agua es un derecho humano, pero esto no significa que deba proveerse a un precio bajo. Significa que la población debe ser capaz de pagar el precio que permita la provisión sostenible de un servicio de buena calidad. Formular políticas que mejoren la capacidad de pago de la población requiere de una visión de largo plazo, inversión en salud y capital humano, cooperación, un esfuerzo enorme, y la voluntad de hacer que los subsidios se vuelvan eventualmente innecesarios. Establecer precios bajos es la respuesta fácil, irresponsable y de corto plazo, y no requiere mayor esfuerzo.
Máster en Economía de la Universidad Keio, en Tokio, Japón.
Actualmente investigador en esa misma universidad.
Twitter: @Just1n14n
No es problema administrativo
Alejandro Labrador?
En las próximas líneas expondré mi posición respecto a la recién decretada Alerta Naranja por desabastecimiento de agua en el Área Metropolitana de San Salvador. Mi artículo se centra en que efectivamente hay una crisis y que no es un problema de administración. Para comenzar, ¿Podemos hablar de un problema de administración cuando nunca ha habido legislación o planificación de los usos y prioridades del agua?
La situación de la disponibilidad del agua en El Salvador ha estallado en una crisis copando todos los titulares de medios de comunicación. Sin embargo, organizaciones ambientalistas venimos insistiendo en la gravedad del tema y que la crisis existe desde hace mucho tiempo. En la coyuntura actual, el diagnóstico habla de un colapso o shock institucional, ligado a la precaria infraestructura con la que la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) enfrenta el enorme reto de la distribución y su administración. Sin embargo, hay que decirlo: el paciente en cuestión, El Salvador, tiene años de estar agonizando. ¿Conocen los datos?
El Salvador cuenta con 0% de ríos con calidad de agua excelente. Únicamente el 3% de dichos cuerpos de agua se encuentran entre regular y buena. El resto de los ríos, es decir el 97% está entre mala y pésima (MARN, 2014). Por otro lado, la poca capacidad de aprovechar el agua lluvia ha hecho que los efectos del cambio climático sean aún más punzantes en el país. Para septiembre de 2015, las autoridades confirmaron que el caudal de ríos al oriente del país había disminuido hasta en un 90% en algunos casos.
Los datos del párrafo anterior, para que lo sepamos, no son producto de un análisis o estudio relámpago, empaquetado. Desde una visión técnica, se sabe que hace falta mucho monitoreo, seguimiento y análisis de tendencias para llegar a esas conclusiones. El déficit de disponibilidad de agua pues es resultado acumulativo de una multiplicidad de factores, dentro de las cuales afectan las situaciones climáticas sobre la precipitación, por ejemplo, pero pesan aún más las acciones humanas que se toman para mejorar o para empeorar la situación. Por ejemplo, si varios años seguidos se mantiene la poca precipitación lluviosa, eso afectará los niveles freáticos. De igual manera habrá implicaciones si no se planifica el uso de suelo y los cambios del uso de suelo, si no se incide en la mejora de la permeabilidad del suelo, etc.
Desde esta mirada más amplia es relevante, pues, reiterar que la crisis hídrica que hoy ha tomado forma de Alerta Naranja, es producto del uso libertino con el que se ha planificado el ‘uso’ de los ecosistemas. El ejemplo es el de las constructoras: ¿Acaso las empresas urbanizadoras o empresas constructoras han considerado los enfoques de cuenca para decidir dónde se construye una residencial o campos de golf?
Estudios demuestran es justamente la falta de planificación en el uso de suelo, que hasta hace muy poco aún parecía haberse dejado al libre albedrío de la rentabilidad económica, lo que ha catalizado la crisis hasta los niveles de desabastecimiento y contaminación que hoy tenemos. Podrá decirse que los gobiernos de turno han podido frenar esos usos indiscriminados del suelo y la tierra, negando permisos. Ahí hay un punto. Y quizás es la importancia de reconocer el punto en el que estamos: Hoy se cuenta con mucho más información y los niveles de contaminación y no disponibilidad ya se han disparado.
A partir de lo anterior, si queremos avanzar y superar esta crisis son urgentes las siguientes medidas: Declarar la emergencia por el agua a nivel nacional, aprobar una Ley de Agua con enfoque de sustentabilidad, ordenar las prioridades y usos del agua. Reconocer el vital líquido como un derecho humano en la constitución y prohibir industrias contaminantes como la minería metálica.
Defensor de Derechos Humanos Miembro de Red Activista El Salvador y Miembro del Consejo Nacional de Sustentabilidad y Vulnerabilidad
Twitter: pacifip3z