La importancia de fiscalizar la seguridad

El oficialismo se niega a la fiscalización, lo que sugiere que en realidad este dinero no sería para financiar la seguridad, sino para sostener el despilfarro, el desorden y la ineficiencia

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El periodismo en circunstancias de crisis fue uno de los temas principales en la conmemoración del Día de Libertad de Prensa.

/ Foto Por [[[Leonardo Gonz?lez

Por Carlos Ponce*

2016-05-03 7:30:00

La estrategia mediática del gobierno en relación a la seguridad pública está alineada con la intención oficialista de incrementar los ingresos estatales para financiar y perpetuar la ineficiencia y el despilfarro. El ejecutivo intencionalmente ha elevado el nivel de desesperación y temor experimentado por la ciudadanía para explotarlo y, de esa forma, manipular la coyuntura para obtener más ingresos. Las divulgaciones privadas a políticos opositores y las filtraciones públicas de imágenes en las que se observa a presuntos pandilleros cometer delitos con exceso de barbarie, han sido utilizadas para alimentar el pánico existente y crear las condiciones óptimas que permitan la consecución de objetivos políticos, entre ellos justificar modificaciones tributarias que incrementen la recaudación gubernamental.

La situación en seguridad es grave, el Estado probablemente no la ocasionó deliberadamente, pero sí la está explotando para sus propios intereses, alejados del bienestar ciudadano. El oficialismo se ha caracterizado por tratar la crisis en seguridad de esta forma. Nunca ha tenido el interés único y genuino de controlar el problema, sino que siempre ha tratado de sacarle provecho político primero y, si las circunstancias lo permiten, atacarlo. 

El partido oficial ha retomado tácticas que en el pasado criticó hasta la saciedad. Indiscutiblemente, parte de sus críticas antes tenían que ver con la efectividad de este tipo de abordajes para manipular la opinión pública. Estudios realizados en diferentes partes del mundo revelan cómo adoptar discursos y estrategias duras en contra de la criminalidad han sido factores determinantes para que candidatos y funcionarios ganen el favor de la ciudadanía. La mano dura y súper mano dura son consistentes con los hallazgos de esas investigaciones. Aunque los abordajes suenan atractivos por su contundencia, sin embargo, generalmente su impacto es limitado.

El FMLN pasó décadas criticando el abordaje y discurso de ARENA, pero ahora, repentinamente, los ha retomado. ¿Ha traicionado los principios y premisas en las que basaba sus críticas? ¿Los pobres resultados, después de 6 años de gobierno, los llevó a realizar que su abordaje estaba equivocado y a pensar que el de ARENA no? Son muchas las interrogantes que plantea el cambio de postura. Especialmente después de que ha trascendido que todos los partidos políticos han tratado de negociar con cabecillas de estructuras delictuales para lograr ventajas electorales.
 
El oficialismo, ahora, condiciona la vigencia de su nuevo discurso y estrategia a la obtención de más ingresos. El presupuesto destinado al ramo de seguridad para el 2009, año en que empezó a gobernar el FMLN, era de $300.3 millones. El año pasado, el presupuesto fue de $422.7 millones, lo que equivale a un incremento del 47%. Sin embargo, el año pasado la crisis delictual alcanzó su cúspide. El presupuesto del 2016 es de $443.3 millones, lo que representa un aumento del 5% en relación a 2015. Nunca antes ha habido tanto dinero para la seguridad. Además, se ha aprobado un significativo impuesto a las comunicaciones que genera ingresos mensuales millonarios para el Estado.
 
La oposición ha propuesto la creación de un ente técnico para administrar y fiscalizar el uso de estos recursos, poniéndolo como condición para la aprobación de más fondos para la seguridad pública. El oficialismo se niega a la fiscalización, lo que sugiere que en realidad este dinero no sería para financiar la seguridad, sino para sostener el despilfarro, el desorden y la ineficiencia evidente en los pobres resultados de los gobiernos del FMLN. Consistente con esta lectura, los voceros del oficialismo también se oponen a la creación y funcionamiento de una CICIG en El Salvador, enfatizando así el deseo del gobierno por operar sin ningún tipo de fiscalización.
 
A todos los salvadoreños nos conviene instaurar mecanismos robustos para fiscalizar y evaluar a funcionarios y el uso de recursos públicos. Especialmente si todo apunta a que los políticos quieren tomarnos el pelo o escoger un rumbo equivocado.
 

*Criminólogo
@cponce_sv