Un grupo de abogados notables solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se rechace la petición de un juzgado español para la extradición de 17 militares señalados de asesinar a seis jesuitas y dos empleadas en 1989.
Aclarando que su gestión es eminentemente jurídica y en favor de la soberanía nacional y no significa una aprobación del crimen, los especialistas del Derecho dicen que la extradición es improcedente porque el Tratado entre España y El Salvador es de 1997 y no aplica a delitos cometidos antes.
Según advierten, aplicar el Tratado de manera retroactiva violaría el Artículo 21 de la Constitución de El Salvador.
Los peticionarios son los abogados Ángel Góchez Marín, Enrique Borgo Bustamante, René Fortín Magaña, José Domingo Méndez, Mario Antonio Solano y René Hernández Valiente. Borgo ha sido vicepresidente de la República, en tanto que Méndez ha sido presidente de la Corte, y Solano, Hernández Valiente y Fortín, magistrados de la misma.
Los abogados sostienen además que el tratado con España no está por encima de la Constitución.
En su petición, los profesionales del Derecho advierten que no buscan “justificar” el delito cometido contra los sacerdotes y sus ayudantes, sino que lo hacen por “respeto a la soberanía nacional”.
“Queremos dejar constancia que este estudio es eminentemente jurídico, puesto que los suscriptores somos todos abogados de la República y no significa desde ningún punto de vista que estemos justificando de alguna manera la comisión de tan abominable crimen”, señalan en el escrito.