La Fiscalía General de la República dio a conocer, este martes, algo que era de dominio público: la tregua entre pandillas que se gestó en 2012, en el gobierno de Mauricio Funes, sirvió para que estos grupos delictivos se fortalecieran y obtuvieran diferentes beneficios a cambio de aparentar una “reducción de homicidios”.
Aunque Funes, en reiteradas ocasiones, desligó a su administración de las negociaciones con delincuentes, en 2013, en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), defendió el pacto que, según él, permitió reducir en 50 % los asesinatos en el país.
Además, diferentes investigaciones periodísticas realizadas tras el acuerdo entre los pandilleros revelaron el involucramiento de funcionarios en dicho pacto y un sinfín de privilegios que recibieron los delincuentes dentro de las cárceles. El Ministerio Público confirmó lo que se informó en varias publicaciones.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que 21 personas, entre ellas el exdiputado del FMLN y uno de los mediadores de la tregua, Raúl Mijango; el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y tres miembros de la Policía Nacional Civil habrían cometido diferentes delitos durante la tregua.
Mijango y los miembros de la Policía fueron aprehendidos ayer en diferentes operativos. Según Meléndez, los vinculados al pacto habrían cometido los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos, falsedad de documentos e incumplimiento de deberes.
La investigación arroja que con la tregua entre pandillas se dieron actos de corrupción porque algunos funcionarios incumplieron procedimientos que rigen en los Centros Penales o usaron recursos del Estado para concretar la negociación.
La Fiscalía indaga una malversación de $2 millones que generaban las tiendas institucionales que hay en los presidios y de los cuales se debía destinar una parte al pago de los proveedores pero no se hizo.
Entre los privilegios que recibían los reclusos está el ingreso de comida rápida a cualquier hora; la realización de fiestas con discomóviles y bailarinas.
A los reos también se les permitió tener televisores plasma, servicio de cable, consolas de videojuegos, computadoras y celulares.
Según la Fiscalía, la tregua hizo que los grupos delincuenciales se expandieran y adquirieran armas, muchas de ellas en mejores condiciones que las que tienen las autoridades.
Meléndez, junto con la fiscal Guadalupe de Echeverría, jefa de la Unidad Antihomicidios, dijeron que durante la tregua hubo una “aparente” reducción de homicidios y una real alza de personas desaparecidas.
La institución hizo esta aseveración con base en las denuncias que ha recibido de parientes de las víctimas.
“Si bien se redujeron los homicidios, se incrementaron las desapariciones forzosas de personas, lo que generó los cementerios clandestinos”, dijo Meléndez.
Según el Ministerio Público es Raúl Mijango quien encabezó a las personas que permitieron concretar la tregua.
En el proceso se menciona al expresidente Funes, el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, el obispo castrense Fabio Colindres y el columnista Paolo Lüers, pero, a decir de las autoridades, nohay evidencia de que hayan cometido delitos.
“La tregua no es delito, no podemos procesar a alguien si no se le encuentra que ha cometido un delito. La investigación es de oficio, pero si no hay testimonios de personas que participaron en la tregua es difícil proceder”, sostuvo Meléndez.
Para el abogado Francisco Bertrand Galindo, en el cometimiento de los supuestos ilícitos hubo funcionarios de alto nivel que tomaron las decisiones y ordenaron a sus subordinados que las cumplieran. Según él, la Fiscalía ya sabe quiénes son esas personas y debería ordenar sus capturas.