La semana nos deja dos acontecimientos de relevante importancia política. El primero tiene relación con el reiterado agravio del presidente Sánchez Cerén en contra de los medios de comunicación. Los agredió verbalmente meses atrás acusándolos de generar una “guerra psicológica” cuando transmiten los hechos de violencia. Repitió de nuevo su conducta al maltratar a una reportera de un canal de televisión que le consultó sobre el papel de un funcionario de su gabinete en la fiesta celebrada en uno de los centros penitenciarios. Atacó la cobertura de los periódicos sobre el tema de la reforma de pensiones; y finalmente, el pasado 1 de mayo, fulminó de manera muy agresiva a los que él llama “medios de derecha” que, según su criterio, “conspiran” con el sector privado para bloquear los principales proyectos de su administración presidencial.
Ocupar este espacio para defender la libertad de expresión y el importante rol que desempeñan la prensa escrita, la radio y la televisión no haría más que reiterar lo dicho por los principales representantes de las gremiales de periodistas, agencias de publicidad y las empresas del rubro agremiadas en APES, el CNP y ASDER, respectivamente. En realidad lo destacable de este episodio es el contraste entre la prudencia y la tolerancia que caracterizaron los dos primeros años del gobernante con la temeridad de sus discursos, ahora belicosos y combativos, en contra de los medios de comunicación.
En la celebración del día de los trabajadores el presidente también arremetió contra el sector privado advirtiéndole que “El Salvador ya no es su finca”. Lo inverosímil del caso es que los funcionarios de su administración debieron sentarse dos días después a discutir con los empresarios y los representantes del Fondo Monetario Internacional sobre el futuro del país y la necesaria confianza que requiere el mundo de los negocios para invertir. Este hábito, de transformarse en militante cuando está en la tarima y de retomar su investidura como Jefe de Estado cuando entra en Casa Presidencial, daña su credibilidad, atemoriza a la comunidad internacional y evita que la agenda nacional se construya con el consenso de todas las fuerzas vivas.
Por otra parte, el segundo suceso de la semana es el de las capturas de particulares, funcionarios y exfuncionarios vinculados a la tregua entre pandillas. Adelantar un juicio de valor acerca de la culpabilidad o inocencia de los involucrados, o de los que podrían imputarse en el futuro cercano, sería usurpar las funciones que corresponden a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que la decisión de sentar un precedente que castigue el uso y abuso de las instituciones para generar una aparente solución al dilema de la inseguridad pública es un antecedente positivo para el restablecimiento del orden y el cumplimiento del Estado de Derecho. Ahora corresponde a los tribunales revisar las pruebas presentadas y decidir acerca de su pertinencia o no y dictar una sentencia de acuerdo a las leyes penales vigentes.
El rechazo de diferentes sectores a las embestidas del presidente contra los medios y la firmeza de la Fiscalía General en el caso del pacto pandilleril, nos demuestra que El Salvador ya no es “la finca” de unos pocos, sino el terruño de todos, en el que la ley y la justicia son los instrumentos para que unos y otros respetemos las libertades fundamentales, en especial la facultad de los espacios radiofónicos, televisivos y escritos para transmitir la verdad, reproducir los reclamos ciudadanos y denunciar la mentira.
También es el territorio en el que las autoridades deben entender que la manipulación del orden jurídico no es la estrategia adecuada para resolver los problemas. Por el contrario, es la correcta aplicación de la Constitución y el adecuado desarrollo de la legislación, los que conducirán a los salvadoreños por los senderos del fortalecimiento democrático y permitirán retomar los ideales que posibilitaron a los firmantes de la paz, hace veinticuatro años, entender que solo las instituciones y la honestidad en su administración es el antídoto contra aquellos que continúan considerando a la nación como su finca, llámense estos políticos, funcionarios, empresarios, sindicalistas o líderes sociales.
*Columnista de El Diario de Hoy