Un día después de que la Fiscalía General revelara detalles de una investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios de gobierno de Mauricio Funes en la tregua entre pandillas, las autoridades allanaron ayer las oficinas de la Dirección de Centros Penales, en San Salvador.
Algunos empleados de la institución relataron que un equipo de investigadores llegó al edificio pasadas las 5:00 p.m. y revisaron documentos y computadoras en diferentes áreas, entre ellas la que lleva el control de las tiendas que están dentro de las cárceles.
Hasta las 10:00 p.m., el operativo continuaba y ni el director de Centros Penales, Rodil Hernández, ni delegados de la Policía o Fiscalía daban declaraciones sobre el procedimiento.
El fiscal general, Douglas Meléndez, informó, el martes, que la investigación ha arrojado que durante la tregua entre pandillas se habrían malversado $2 millones que provenían de las tiendas instaladas en las cárceles.
Parte de este dinero debía ser usado para el pago de proveedores, pero no se hizo. Esta deuda tuvo que ser saldada con fondos del Estado.
Según él, las autoridades penitenciarias cedieron estos negocios a los reos y ellos se los entregaron a sus familias para que los administraran.
Esto era parte de varios beneficios que los delincuentes recibieron a cambio de una “aparente reducción de homicidios”. Meléndez señaló que están indagando si el dinero fue usado para promover la tregua o si se lo repartieron entre los mediadores y los cabecillas de las maras.