La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) anunció que demandará a la ministra de Trabajo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por abandonar y bloquear la discusión sobre el salario mínimo. La gremial incluso analiza una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El director de asuntos legales de la ANEP, Javier Argueta, dijo que la próxima semana denunciarán a la ministra Sandra Guevara por “la matonería del Ministerio de Trabajo de amenazas a la institucionalidad” del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
Argueta explicó que la “matonería” se manifestó en una reunión del 6 de abril en la cual dicha cartera de Estado permitió que grupos de fachada interrumpieran la reunión del Consejo para intimidar e insultar a los representantes del sector patronal y laboral.
Más recientemente, añadió, hubo una intención de la funcionaria de sustituir a los representantes sindicales y patronales con el objetivo de colocar personas afines al Gobierno. Con ello hizo referencia a unas declaraciones de la ministra, Sandra Guevara, quien a finales de abril dijo a los medios “tengo la potestad de poder convocar un nuevo proceso de conformación de nuevo Consejo”.
Si ocurre esta sustitución el sector privado, además, demandaría a la funcionaria ante la Sala de lo Constitucional por violación al derecho de libertad sindical.
Y es que las palabras de la ministra Guevara han creado preocupación al interior del Consejo. Horas antes de la conferencia de ANEP, los representantes laborales hicieron críticas similares al Gobierno.
“Ella esta incumpliendo el convenio 87 (de la OIT). Ningún sector puede agenciarse el cambio de un representante de otro sector”, dijo el representante del Movimiento Laboral Sindical (MLS), Miguel Ángel Ramírez.
“Eso es injerencia a nivel internacional y constitucional”, añadió Javier Argueta.
El director legal de la ANEP recordó que esta sería la tercera demanda contra el Gobierno ante la OIT por bloquear el funcionamiento de las mesas de diálogo entre el Estado, sector privado y trabajadores. El problema es que esta actitud arbitraria podría hacer que El Salvador entre en la lista negra de organismos internacionales.
“El ingresar a la lista negra por incumplimiento de convenios internacionales implicaría corte de préstamos internacionales, corte de financiamiento”, explicó.
Por otro lado, dijo que el sector privado no descarta demandar a la funcionaria ante la Fiscalía, pues no solo bloquea de forma ilegal la discusión del salario mínimo, sino que esta creando una “vejación”.
“No es una simple ilegalidad, hay una vejación… la falta de ingreso a los trabajadores de ese salario mínimo”, comentó el director legal de la cúpula empresarial.
Origen del conflicto
El 27 de abril debía realizarse una reunión ordinaria del Consejo de Salario Mínimo. No obstante, ese día los representantes del Gobierno se ausentaron y la ministra acusó a los representantes de la empresa privada de manipular a los trabajadores y lograr un acuerdo bajo la mesa.
Desde entonces la representación gubernamental ha recibido la orden de ausentarse de todas las reuniones semanales. Asimismo, la funcionaria amenazó con cambiar a todo el Consejo para aprobar la propuesta salarial del Gobierno.
Miguel Ángel Ramírez, quien es parte del Consejo, explicó que la acusación es falsa. Trabajadores y empresarios llegaron a un acuerdo de cuatro puntos, de los cuales solo uno estaba en firme: que el aumento fuese gradual en tres años.
Ramírez explicó que es falso que apoyan la propuesta de ANEP porque nunca inició la revisión técnica, prevista para el 27 de abril, y porque el segundo punto del acuerdo era hacer una nueva propuesta.
“De la propuesta del sector laboral, empleador y gubernamental íbamos a buscar un híbrido que favoreciera la estabilidad económica, macro y micro”, añadió.
El sindicalista además mencionó que, aparte del incremento salarial, han solicitado 10 medidas compensatorias para reducir el impacto que tienen los altos costos de la electricidad, transporte público, canasta básica y otros. También pidieron que se fortalezca el sistema de pensiones sin quitar los ahorros a los cotizantes.
El director legal de ANEP se refirió a este último punto en su conferencia. Él señaló que posiblemente el Gobierno busca destituir a la representación laboral y empresarial porque no apoyan la propuesta de un sistema mixto de pensiones. Además, el incremento del salario que pretende el Gobierno también influiría en el sistema mixto. “El aumento al salario mínimo, al aprobarse, incrementa el ingreso al Gobierno (por cotizaciones)”, dijo Argueta.
“Los trabajadores han pedido que no les quiten los ahorros de pensiones. Pueda ser que eso es por lo cual el Gobierno no quiera tomar un acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo. Iría esa condición de no aprobar el robo de las pensiones”, añadió.
Los representantes de ambos sectores pidieron a la ministra de Trabajo que deje de entorpecer el proceso y reinstale la discusión del salario mínimo.
Tanto Argueta como Ramírez estimaron que solo se necesitan dos sesiones del Consejo Nacional para poder aprobar un acuerdo definitivo de aumento salarial. Ellos consideraron que las consultas y el análisis técnico está lo suficientemente avanzado como para llegar a una decisión lo más pronto posible.
“Cada día que pasa y que la ministra de Trabajo no permite sesionar en el Consejo, los trabajadores están perdiendo ese ingreso que ya se puede aprobar” dijo Argueta.
Ayer los sectores laboral y patronal demostraron por separado la voluntad de acordar un aumento salarial, pese a la postura del Gobierno.