Los defensores de los militares en el caso Jesuita presentaron este jueves al Juzgado Primero de Paz de San Salvador, un escrito en el que resumen los argumentos legales para que ninguno de los detenidos sea extraditado al Reino de España.
La Corte Suprema de Justicia delegó al Juzgado Primero de Paz para que fuera la vía para que la defensa hiciera llegar sus argumentos que fundamentan la negativa de llevar a España a los militares acusados de la muerte de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989.
A partir de su entrega, según la ley de procedimientos judiciales, el Juez tiene 24 horas hábiles para entregar el escrito a la Corte Plena, quien finalmente conocería y resolvería sobre el fondo del tema.
“Hemos presentado cada uno de los argumentos que creemos y estamos convencidos que no es posible que la Corte ordene la extradición”, manifestó Lisandro Quintanilla, uno de los abogados de los cuatro militares arrestados.
Aseguró que después de esta diligencia ya no hay nada más, solo esperar la resolución del máximo Tribunal del país. “Este día (jueves) o a más tardar mañana (viernes) el juez de Paz deberá entregar el documento a la Corte para que en la próxima sesión plenaria inmediata, (próximo jueves), pueda pronunciarse, denegando la extradición”, subrayó el abogado.
Por su parte el abogado Carlos Guzmán espera que la Corte Plena “niegue por segunda vez la extradición de los militares”.
Dijo que ningún criterio con el cual fue valorado el caso en mayo de 2012 ha variado, por lo que considera que no procede la solicitud de extradición enviada por el juez Eloy Velasco.
Uno de los alegatos de los defensores es que el caso Jesuitas no encaja en los elementos definidores de los delitos de “lesa humanidad”, por lo que no es posible aplicar, ya que esa normativa entró en vigencia en el país hasta 1998.
“Cuando se introduce La Ley contra los delitos de lesa humanidad solo es posible aplicar a futuro y nunca para atrás”, porque el artículo 21 de la Constitución ordena que las leyes penales no pueden tener carácter retroactivo.
Aún cuando algunos tratados internacionales indican que pueden ser aplicados retroactivamente, no es posible porque riñe con “nuestra Constitución”, enfatizó Quintanilla.
“Ningún tratado internacional ni ley puede estar por encima de la Constitución”, reiteró. Otro argumento es que la Corte Suprema de Justicia conoció el caso Jesuitas el 8 de mayo de 2012.
En esa ocasión se emitió una resolución para cada uno de los acusados donde se rechazó la extradición a España.
“El artículo 28 de la Constitución que estaba vigente en 1989, rezaba en términos absolutos, que era imposible extraditar a algún salvadoreño y ese criterio todavía se mantiene en la actualidad”, dijo.
El segundo argumento es que con la Ley de Amnistía no es posible procesar a estas personas, porque con base a la normativa y a la prescripción del delito, la acción penal en su contra está extinguida en este caso, tras haber transcurrido 26 años de los hechos.
El tercer fundamento es la aplicación de la misma normativa de extradición pasiva que regula la cosa juzgada y con base en esa ley España negó la extradición de su coterráneo Joaquín Alviz, tras ser reclamado por la justicia salvadoreña.
Con base en el mismo argumento y en el principio de reciprocidad, los abogados piden a la Corte que los militares no sean llevados a España.
Además porque se estaría ante una doble o múltiple persecución de los hechos. El caso Jesuita se juzgó en el país en dos ocasiones en 1989 y en el año 2000.
“En ambas ocasiones se aplicó el sistema de justicia que estaba vigente y se le dio respuesta a este caso”, afirmó Quintanilla. De ahí que es falso, dijo, quienes dicen que los juicios que este caso se realizaron fueron irregulares y amañados.
Tampoco es cierto, agregaron, que con los anteriores juicios solo se haya simulado justicia en el caso Jesuitas y que en el fondo lo que hubo es impunidad.
Además los delitos de “lesa humanidad” no estaban regulados en el código penal de España en 1973, que aplican para este hecho de 1989. Al no estar regulado en España ni en el país, sino hasta 1998, los delitos de lesa humanidad no se pueden aplicar a este caso.
El calvario para demostrar que extradición es improcedente
Desde el 5 de febrero, los esfuerzos no han cesado por hacer valer la ley salvadoreña.
Las capturas de los militares
Un operativo policial a nivel nacional el 5 de febrero terminó con la captura del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y los subsargentos Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo. Desde ese día se encuentran en las bartolinas de Tránsito de la Policía.
Batalla legal ante la Corte Suprema
Días después vino la lucha de los abogados quienes interpusieron dos recursos de hábeas corpus (exhibición) personal, uno para evitar la captura de los demás militares y el otro para declarar ilegal la detención de los cuatro. Han pasado más de 90 días de sus capturas y haber recurrido a la CSJ y no hay resolución.
Tras la captura, vino el silencio
Luego de 21 días de detención y de no tener ninguna notificación judicial sobre la detención de cuatro militares, los abogados acudieron al Juzgado Primero de Paz de San Salvador para solicitar una audiencia especial, el 26 de febrero, en la que se notificara los delitos por lo que fueron arrestados sus clientes.
Realizan audiencia especial
Dos meses después de la petición de los defensores, el 28 de abril, el juez Primero de Paz convocó a los detenidos y sus abogados para notificarles sobre la solicitud de extradición hecha por el Reino de España en su contra. El juez dio tres días para que los abogados justificaran su rechazo a la extradición.
Entregan pliego de argumentos
En respuesta a la demanda del Juzgado Primero de Paz, los abogados entregaron un escrito en el cual establecen al menos siete argumentos legales para pedirle a la Corte que rechace la petición de extradición de España. La Corte Suprema de Justicia podría dar resolución el próximo jueves.