La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador abrió un proceso formal contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato, por presunto enriquecimiento ilícito.
El 29 de marzo pasado, la Fiscalía General de la República acusó formalmente a los tres porque no habrían podido justificar ingresos por más de 728,000 dólares durante el periodo presidencial 2009-20014.
Las magistradas han dado a los señalados hasta el 6 de junio para responder a la acusación.
Además, giraron una orden a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda para que, en un plazo de cinco días, brinde certificación de documentos presentados en el formulario F2010, modificaciones de IVA y renta de pago a cuenta e impuesto retenido; distribución, capitalización de utilidades, dividendos o excedentes y listados de socios de la sociedad Noticieros y Entrevistas S.A de C.V., de la que Funes fue director suplente.
La Cámara también ha solicitado un informe sobre la distribución y capitalización de utilidades, dividendos o excedentes, además de listados de socios, proveedores, clientes, acreedores y deudores presentados por la sociedad Mass Media Consulting S.A. de C.V. para el año 2015.
Esta empresa asesora de comunicaciones fue fundada por el exmandatario al dejar el cargo en 2014.
Asimismo ordenó al Registro de Comercio para que remita certificación de balances financieros inscritos a nombre de Agrosuministros S.A de C.V. y los balances financieros inscritos a nombre de Noticieros y Entrevistas S.A de C.V.
Agrosuministros S.A de C.V. es una empresa que aparece como “inactiva”, desde 2011, y dio al expresidente Funes un préstamo de consumo que asciende a $250,000.
Al Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas le ha ordenado que remita constancias de carencia de bienes de la propiedad Noticieros y Entrevistas S.A de C.V.
También ordenó al Registro de la Propiedad Intelectual informar si existen derechos de propiedad intelectual inscritos a favor de Mauricio Funes y su hijo Diego Roberto.
La orden del tribunal ha sido girada a estas entidades porque, en su momento, se negaron a brindársela a la Fiscalía General tras haberla solicitado de forma directa, dijeron voceros de los tribunales.
Las magistradas ha advertido a estas instancias de las sanciones legales a las que están sujetas si no acatan la orden en el tiempo estipulado.
“Toda persona o autoridad está en la obligación de colaborar con la justicia cuando sea requerida”, reza el documento.
Si el Ministerio de Hacienda no acata la orden judicial, se informará a la Fiscalía para que abra un proceso contra quienes no acaten las medidas. En el caso del Registro de Comercio se procederá a la suspensión de la matrícula hasta que remita la información solicitada.
El jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya, informó que con la investigación se encontraron algunas diferencias que no fueron tomadas en cuenta por la Sección de Probidad.
Por ejemplo, se detectó que hay registradas 85 armas de fuego a nombre del expresidente. Las autoridades deberán hacer un peritaje para determinar a cuánto asciende el monto de dichas armas.
En febrero, la Corte Suprema de Justicia ordenó congelar cuatro cuentas bancarias del expresidente y además le imposibilitó para que pudiera vender o traspasar carros registrados a su nombre.