GUATEMALA. La fiscal general Thelma Aldana informó que tras ser intervenida la semana pasada, la empresa Aceros de Guatemala pagó el monto por impuestos evadidos más una multa del 100% e intereses generados.
La empresa tiene seis querellas penales por los delitos de simulación de compra de chatarra y falsificación de sellos bancarios y formularios que permitieron la evasión del equivalente a unos $35 millones por tres años.
Según la ley guatemalteca, las multas por evasión fiscal son la devolución de lo evadido más el 100% y se deben de pagar los intereses generados. Las autoridades calculan que la recuperación es de por lo menos $100 millones.
“Es un caso histórico”, dijo Juan Francisco Solórzano, Superintendente de Administración Tributaria, “Es el cobro y reposición de impuestos más grande que se ha registrado”. Explicó que la empresa ya ha efectuado el pago de impuesto, multa e intereses.
La empresa en un aviso pagado en un periódico local dijo que no estaba enterada de los problemas fiscales y que está dispuesta a colaborar con las autoridades.
Solórzano, quien denunció las evasiones, explicó que la empresa fue intervenida por la institución pero que el 6 de mayo efectuó el pago correspondiente a lo defraudado, por lo que el proceso judicial sigue aunque pronto podría revertirse la intervención.
Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo que existía una estructura entre funcionarios y empresarios para evadir al fisco y que la estructura tenía dos objetivos fundamentales: “librar a Aceros de Guatemala de la causa que se tramitaba en el juzgado” y “limpiarle récord” en el sistema de tributación para que pudiera cobrar el crédito fiscal sin haberlo generado.
Solórzano dijo que este caso es una llamada de atención para las empresas que evaden impuestos. “les va a salir más barato pagar impuestos que eludir la obligación tributaria”, dijo.
Por este caso fueron detenidas y dejaron en prisión preventiva el 2 de marzo 15 personas, entre ellas Franco y Giovanni Marroquín, ambos acusados también de pertenecer a la trama de corrupción aduanera La Línea, un caso que mantiene en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.