BRASILIA. Una serie de protestas contra el juicio político en el Congreso que puede sacar del poder a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, bloqueó ayer carreteras en 14 de los 27 estados de Brasil, informaron fuentes oficiales y medios locales.
En ciudades como Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro seguidores de la presidenta bloquearon carreteras y quemaron llantas para evitar el paso de los vehículos.
Las protestas formaron parte del llamado Día Nacional de paralización y movilizaciones contra el golpe, promovido por los grupos sociales que defienden el gobierno, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión de sindicatos del país.
Los manifestantes consideran que el juicio político que el Congreso puede abrirle hoy a la jefa de Estado por “maquillar” los balances fiscales del gobierno carece de base jurídica y constituye un intento de golpe de Estado.
Algunas de las manifestaciones fueron disueltas pocas horas después ante la intervención de la Policía Federal de Carreteras.
También se registraron protestas en carreteras de los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Bahía, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Río Grande do Norte, Espíritu Santo, Maranhao, Santa Catarina, Ceará y Piauí.
La apertura del juicio político que sería votada hoy en el Senado y, en caso de que sea aprobada por al menos 41 de los 81 senadores, obligará a Rousseff a separarse del cargo inicialmente por 180 días, período en que será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.
En un intento por impedir esa votación o la aplicación de su resultado, la Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta, intentó ayer un último recurso ante la Corte Suprema en el que exige la “nulidad” del proceso, pese a que casi no existen posibilidades de que prospere.
Según ratificó el presidente del Senado, Renán Calheiros, la sesión se a las 9:00 am local y puede prolongaría hasta la madrugada del jueves.
Cada uno de los 81 senadores tendrá derecho a ejercer la palabra durante diez minutos, aunque en la oposición hay parlamentarios dispuestos a renunciar a ese tiempo a fin de acelerar el trámite.
Ayer, Rousseff, que ya ha aceptado que hoy no tendrá la mayoría simple que evitaría su separación del cargo, empezó a mudar sus pertenencias del Palacio presidencial de Planalto al Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.
La mandataria, que sólo estará suspendida del cargo mientras dure el proceso, tendrá derecho a utilizar el Palacio de la Alvorada, que, según fuentes oficiales consultadas por a Efe, pretende convertir en el “fortín de la resistencia” a lo que califica de “golpe”.
Anoche trascendió que el Senado despojó de su mandato al exjefe del oficialismo en la Cámara alta Delcidio Amaral, el parlamentario que implicó a Rousseff y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.
Amaral, cuyo mandato se extendía hasta 2019, es el tercer senador en la historia de Brasil en ser despojado de su mandato por sus colegas y en noviembre se convirtió en el primero en ser detenido por la Policía en pleno ejercicio de su mandato, acusado de obstrucción a la justicia y corrupción.