Tan pronto echaron a Rousseff, las brigadas internacionales de protección a los corruptos se movilizaron en todo el mundo e inmediatamente el régimen venezolano retiró a su embajador, los efemelenistas condenaron “el golpe” y desconocieron al nuevo gobierno…
Precisamente los mismos que se las pasan tronando contra “la intervención en los asuntos internos de los Estados”; es imperdonable sancionar a Maduro pero válido correr en defensa de Rousseff.
En Brasil —tal cosa tiene indignados a los camaradas— a medida que los fiscales escarban, más y más porquerías salen a la superficie, comenzando por Petrobras, Odebrecht, las mordidas debajo de la mesa, el enriquecimiento de Lula, que en sus años de agitador se pasaba denunciando lo que fuera pero a quien luego le encontraron toda suerte de sinvergüenzadas, lo que hizo que Dilma Rousseff corriera para protegerlo.
Pero imposible blindar a Lula. Lo más probable es que vaya a dar con sus huesos a la cárcel, como se espera sea el caso con los corruptos en este suelo. De allí los permanentes movimientos dentro del Poder Judicial local para ver cómo detienen pesquisas, juicios, denuncias, indagatorias, porque, como decimos con cierta frecuencia, se corre riesgo de invalidar el sagrado principio revolucionario de que “lo robado, robado queda”.
Hubo un funcionario que sin rubor dijo que no se podían investigar los bienes y cuentas de un expresidente de la Asamblea porque son “privados”.
El respaldo a Rousseff comprueba que para los rojos las leyes se pueden manipular, que condenar, enjuiciar o absolver no es consecuencia de un proceso, sino efecto de decisiones políticas.
Que se siga un debido proceso, que una investigación se ajuste a la ley escrita, que los testigos incriminen o exoneren a un reo o acusado, a la postre no afecta un hecho: que si el partido decide absolver, se absuelve; si el partido en cambio se propone perseguir y aniquilar, aniquilan hasta la muerte.
Rige un orden de leyeso rige el garrote
Los brasileños no son libres, según los rojos, de aplicar las leyes siguiendo los precisos pasos de su legislación, sino que deben acatar lo que determina el movimiento comunista mundial.
¿Para qué, entonces, es que se necesitan leyes o existen estas si los fallos están predeterminados?
La manipulación de las leyes para favorecer o perseguir grupos deja en indefensión a las minorías, a los opositores, a los informadores y, por lo consiguiente, al pueblo en general.
Esto hace que una sociedad caiga en manos de ignorantes, fanáticos, obsesionados, gente que odia. Ya hubo quien entre los secretarios del régimen, que al asumir Funes dijo que “había que castigar a las oligarquías”, muy a tono con lo de Medardo de “combatir las oligarquías neoliberales”.
Lo anterior, en términos simples, quiere decir que nuestro El Salvador está en riesgo de caer en la barbarie total, donde lo que impera es el garrote.