El Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia adscrita al Banco Mundial con sede en Washington, afina la redacción de la sentencia que pondrá fin al conflicto por la extracción de oro y plata en la zona de El Dorado, situada en el departamento de Cabañas.
La querella, que inició en 2009 con la demanda interpuesta por la transnacional minera Pacific Rim contra el Estado salvadoreño, alegando que el gobierno de entonces le había bloqueado su derecho a invertir para extraer el oro y plata descubiertos en la mina ubicada en San Isidro, Cabañas, luego de concluir unos permisos de exploración que le concedió el Ministerio de Economía a principios de esa década.
La exploración que hizo entonces la empresa demostró que bajo el suelo de la zona en que en la actualidad se usa para labores agrícolas y la ganadería de varios cantones del paracentral departamento de Cabañas, hay depósitos de metales preciosos que podrían representar cientos de millones de dólares que alientan este conflicto entre la empresa minera y el Estado salvadoreño.
En siete años de litigio la defensa a cargo del bufete Foley Hoag en Washington, ha sostenido que los permisos de exploración, de acuerdo a la Ley de Minería reformada en la década de 1990, no representaban un permiso de hecho para extraer los metales preciosos.
Por tanto, alegan, los permisos estaban sujetos a los estudios de impacto ambiental que tenía que certificar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero que esos nunca fueron aprobados.
A finales de abril pasado, el tribunal presidido por el británico V.V. Vender y los árbitros Brigitte Stern, francesa, y Santiago Tawil, argentino, dijeron a las partes representadas por los bufetes Crowell & Morring, litigante de Pacific Rim, y a Foley Hoag, que defiende a El Salvador, que la sentencia estará lista a finales de este mes.
Sin embargo, ambas partes deberán hacer un pago de $200 mil dólares al CIADI, en concepto de gastos operativos finales que demanda el caso, según explicó a El Diario de Hoy, el abogado Luis Parada, quien coordina el equipo de defensa del país en el caso. (Ver entrevista).
Acusación y defensa
Los abogados del bufete Crowell & Morring, que representan a la empresa minera, hoy propiedad del consorcio australiano Oceana Gold, y los abogados defensores del Estado salvadoreño han sostenido sus argumentos y pruebas ante los tres árbitros: el británico V.V. Vender, elegido presidente; Brigitte Stern, de Francia, y Guido Santiago Tawil, de Argentina, que llevaron el caso hasta la etapa final.
En la audiencia final del caso realizada entre el 15 y 22 de septiembre de 2014, la empresa Pacific Rim adujo que por el bloqueo a sus inversiones había dejado de percibir unos $300 millones de dólares, los mismos que reclamará de indemnización a El Salvador.
Pero la defensa en esa misma audiencia que duró una semana, argumentó a través de peritos y especialistas en derecho salvadoreño e internacional, que esa compañía, que fue comprada – en quiebra – por la empresa australiana por $12 millones a finales de 2013, nunca logró obtener los permisos ambientales ni cumplió con los requisitos de la Ley de Minería, por lo que no tienen fundamentación sus reclamos.
Es más, el abogado de la defensa, Luis Parada, sostiene que Pacific Rim mintió ante el tribunal CIADI desde el principio del caso al tratar de llevar la querella amparándose al Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana, CAFTA, luego que le cambiara la nacionalidad de la compañía por la de Estados Unidos, pese a que el caso ya había iniciado.
El tribunal desestimó esa parte, pero dejó abierto el litigio por la petición de los demandantes de que se había violado la Ley de Inversiones de El Salvador, y que esto daba pie para continuar el reclamo hasta la etapa de fondo.
El Tribunal ha anunciado que dará el veredicto con el laudo (sentencia) en versiones español e inglés, por lo que la lectura podría realizarse a mediados de julio, ya que así lo demanda el tiempo de traducción.
El Salvador ha pedido al tribunal que además de darle la razón obligue a Pacific Rim a remunerar al Estado los costos de arbitraje que le han sobrepasado los $13 millones de dólares durante los siete años que ha durado la querella.