Varios factores inciden sobre las víctimas de hechos delictivos, al momento en el que deciden si deben o no denunciar su victimización ante las autoridades. Este nivel de disposición, a su vez, tiene un efecto sobre la precisión de las estadísticas oficiales. Entre menos se favorezca la denuncia, más es la cantidad de hechos que no se reflejan en los registros oficiales. El número de hechos que no se reporta ante las instituciones correspondientes se conoce como la cifra negra del delito. En nuestro país, la cifra negra es sumamente elevada y, por lo tanto, existe la necesidad imperante de recurrir a métodos alternativos para dimensionar y analizar la incidencia delictual.
Ricardo Perdomo, por ejemplo, en 2013 reveló que la Policía, en ese momento, tenía identificadas 30,000 líneas telefónicas desde las que se cometían extorsiones. Considerando que el gobierno sostiene que en el país hay 60,000 pandilleros activos, el dato de Perdomo es conservador, ya que sugiere que, si cada línea identificada está relacionada a un pandillero diferente, solamente la mitad de los miembros de pandillas cometieron una extorsión por teléfono durante el 2013.
Sin embargo, aun utilizando esta cifra conservadora para estimar la cifra negra, el panorama es complicado. Bajo el supuesto que desde cada línea se hubiese cometido una extorsión durante 2013, la incidencia anual tendría que haber sido de 30,000 extorsiones para ese año, pero las estadísticas policiales solamente registran 2,785 hechos. Bajo este supuesto, la cifra negra para las extorsiones es de aproximadamente 90 %, es decir, solo el 10 % de las extorsiones cometidas por teléfono se denunciaron durante 2013.
El que las autoridades de seguridad conozcan un porcentaje tan reducido de la incidencia delictual, lleva a preguntarse si ese 10 % es una muestra representativa del universo. En el caso de las extorsiones, existe la posibilidad que lo que se conoce no sea representativo y, por lo tanto, provea una visión parcial del problema. Tomando en cuenta la naturaleza del delito, existe la posibilidad que las extorsiones que no se denuncian presenten características diferentes. Por ejemplo, puede que las víctimas perciban un nivel de amenaza más alto. No obstante, también puede haber otros factores que afecten la decisión de las víctimas de no denunciar. Diferentes investigaciones demuestran, por ejemplo, que la percepción ciudadana en relación a la corrupción gubernamental y a la efectividad y eficiencia del sistema de justicia penal, afectan la disposición de las personas a denunciar.
La realidad es que simplemente no se sabe qué tan preciso es el panorama que pintan las estadísticas oficiales. Ante la elevada cifra negra en El Salvador, es necesario que se impulsen diferentes iniciativas para medir la victimización a través de mecanismos alternativos que no adolezcan de las limitantes asociadas con la denuncia formal. Las encuestas de victimización son una opción importante que se debe de tomar en cuenta para levantar data que permita realizar análisis cuantitativos. Las metodologías cualitativas, como grupos focales y entrevistas, también son vitales para entender fenómenos complejos. Ambos abordajes son complementarios y necesarios para obtener un panorama fiel a la realidad que se quiere entender. Incluso, analizar la data de fuentes de información innovadoras como la registrada por servicios como Alertux, pueden ser de utilidad para lograr comprender mejor la criminalidad en nuestro país.
Es necesario impulsar diferentes mecanismos para recolectar información relacionada a problemas críticos como la delincuencia, que operen bajo criterios y premisas técnicamente fundamentadas que aseguren que los procesos de recolección, análisis e interpretación sean fiables. Debemos de explorar distintas fuentes de información para complementar los datos recolectados por las autoridades y, de esa forma, obtener insumos que sirvan para orientar las políticas públicas en materia de seguridad.
*Criminólogo
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