Escribo estas líneas para expresar mi preocupación: En El Salvador, país que me resulta tan querido, una política de Seguridad Pública, definida por el anterior gobierno para abrir nuevos caminos de combate a la violencia, hoy está siendo acusada de ilegal; y las personas que la han implementado están siendo enjuiciadas. Esto tiene todas las características de un juicio político.
Al observar esto, recuerdo las recientes presentaciones del alcalde de Los Ángeles, del padre Boyle y de otros expertos en la reciente conferencia anual “Pandillas, Prevención e Intervención contra la Violencia” (http://www.vpcgla.org/lagangconference/.) En esa conferencia los oradores entregaron un mensaje de esperanza y sacrificio. De esperanza, ya que están encontrando maneras de reducir el daño de la delincuencia y la violencia entre los jóvenes, especialmente los de las pandillas. Y de sacrificio, porque se han mostrado dispuestos a sacrificar la sabiduría convencional en aras de un compromiso más amplio y sistémico.
Desafortunadamente no es lo que ocurre en El Salvador, donde la búsqueda de nuevas soluciones para sustituir o modificar las fórmulas tradicionales fracasadas suele ser castigada y no premiada. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía en el “caso tregua”, se persigue a 21 personas por haber participado en un proceso que buscaba la reducción de la violencia y la construcción de la paz en el país.
Independientemente de los méritos estrictamente judiciales del caso, tengo que preguntar: “¿Qué resuelve esta acusación?” Homicidios, extorsión y otros delitos se siguen cometiendo y el retraso de los procesos judiciales es cada vez mayor, al grado que El Faro ha llegado a afirmar que El Salvador es “el mejor lugar para cometer un asesinato”.
En 2011, en una reunión de alto nivel de la Declaración de Ginebra, se declaró a El Salvador el lugar más violento del mundo fuera de una zona de conflicto. Recuerdo claramente al máximo dirigente del PNUD, volviéndose a mí y diciendo: “Sí se trata de un conflicto, y estos números son terribles.” No es sorprendente que la Asamblea General de la OEA llevada a cabo en El Salvador en 2011 tuviera como tema “Seguridad Ciudadana”. Existía consciencia que se debía hacer algo y algo diferente, ante un problema que también era diferente a todos los que se conocían hasta entonces.
En verano y otoño de 2011, con el pleno acuerdo del gobierno, preparamos y entregamos una evaluación sistémica y sistemática de las instituciones de seguridad en el país. Algunas de las observaciones de esta evaluación, que fueron apoyadas por otras evaluaciones internacionales, mostraban muchas de las situaciones, corrupciones y deficiencias del sistema penitenciario que ahora son adjudicadas a algunos de los inculpados en el proceso contra “la tregua”.
A partir de esa evaluación comenzamos a buscar posibles soluciones a algunos de los desafíos de seguridad que enfrenta El Salvador. Si bien el contexto de cada país es diferente, las orientaciones que se siguieron a partir de entonces están vinculadas a otras experiencias exitosas de reforma del sector de seguridad, mediación de conflictos y de consolidación de la paz en todo el mundo, incluyendo California y Maryland.
Ahora, sin embargo, buena parte de los salvadoreños que, desde la sociedad civil y el Estado, se comprometieron con ese camino innovador, están siendo procesados por la justicia de su país. Y ello mientras en otras latitudes, como en el ejemplo que cité de Los Angeles, en gran medida se aplican los mismos métodos que ahora se persiguen en El Salvador.
La pregunta sigue siendo la misma: Si lo que se ha intentado en el pasado no ha funcionado, ¿no es el momento de probar algo nuevo?
Como secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, basado en un acuerdo formal entre este organismo multilateral y el Gobierno de El Salvador, he sido el responsable de monitorear permanentemente el proceso de reducción de violencia iniciado en marzo 2012 con la tregua entre las pandillas salvadoreñas. También el PNUD y la Unión Europea han evaluado positivamente el proceso y certificado sus logros.
Junto con los mediadores, monseñor Fabio Colindres, Raúl Mijango y Paolo Luers, he visitado diferentes penales y participado en las reuniones con los líderes de las pandillas. Soy testigo que Raúl Mijango, quien hoy es uno de principales acusados por su participación como mediador, no ha actuado para fortalecer las pandillas sino para motivarlos a tomar acuerdos que efectivamente, durante 15 meses, redujeron la violencia y abrieron nuevas posibilidades de prevención y reinserción. Raúl Mijango ha sido miembro del Comité Técnico que el gobierno de El Salvador y la OEA han establecido para coordinar los esfuerzos de hacer sostenible la reducción de los homicidios generada por la tregua entre las pandillas y la eficiente labor de mediación.
Junto con amigos de la comunidad internacional y salvadoreños hemos abierto una cuenta bancaria para apoyar la defensa de los acusados en el “caso tregua”, sobre todo de Raúl Mijango, quien no dispone de recursos.
*Embajador. Fue secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA hasta 2015