Esta es la agenda de país que van a discutir el Gobierno y el sector privado. Analizarán la información en cada tema, para luego crear una propuesta de solución. La próxima semana definirán cuál es el primer tema a trabajar.
Crear un clima de confianza en el país
Quizá el tema más abstracto en la agenda. En el comunicado conjunto expresaron que buscarán fortalecer la democracia y el estado de derecho. En la práctica se pretende generar condiciones para que empresarios locales y extranjeros sientan la confianza de volver a invertir en el país, fomentando así el crecimiento económico y la creación de empleos. ¿Cómo lo harán? El presidente de la ANEP sugirió que la confianza mejorará en la medida que el Gobierno y sector privado logren acuerdos en la comisión y estos sean llevados a la práctica. Desde ambas partes se considera que el solo hecho de instalar la comisión es ya un primer paso para recuperar la confianza en el país y mejorar el entendimiento.
Combate a la inseguridad y la delincuencia
El tema más urgente y preocupante para la sociedad salvadoreña en este momento. Gobierno y empresarios han dicho que la comisión trabajará la problemática desde una visión integral. Las soluciones en prevención y represión de la delincuencia provendrán de tres documentos: el plan de Gobierno “El Salvador Seguro”, las medidas extraordinarias de seguridad, y las recomendaciones que el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, entregó a ambas partes en 2014. El objetivo será buscar la forma más efectiva de combatir el problema. El presidente de ANEP, Luis Cardenal, evitó mencionar si buscarán aprobar los $152 millones en bonos solicitados por el Gobierno. “Lo vamos a discutir en la mesa y en público”, expresó.
Construir un acuerdo fiscal sostenible
El acuerdo para una ley de responsabilidad fiscal lleva dos años estancado en la Asamblea Legislativa. Con esta comisión se buscará “construir una base de acuerdo fiscal sostenible para el país”. En el comunicado se especifica que el acuerdo será para establecer una disciplina en las finanzas del actual y futuros gobiernos. No se mencionaron objetivos de deuda, gastos o déficit, pero el documento señala que se tiene que asegurar el pago de la deuda pública, los compromisos del antiguo sistema de pensiones y los planes de seguridad. Además se debe mantener el gasto en capital humano. Pese a tener más ingresos por impuestos, Hacienda tiene problemas para pagar pensiones, obras públicas e incluso seguro de vida a policías.
Segunda generación de los Acuerdos de Paz
La comisión acordó participar “junto con otros sectores de la sociedad civil en la construcción de una segunda generación de Acuerdos de Paz, que defina una visión conjunta para el desarrollo de El Salvador”, según el comunicado. Sin embargo de momento no se mencionó que tipo de acuerdos se buscarán o los sectores sociales a incluir en la discusión. La idea, no obstante, no es nada nueva en la sociedad. Desde el 20º aniversario de los Acuerdos de Paz se viene mencionando la necesidad de esta “segunda generación”, la cual debe estar relacionada a compromisos sociales y económicos. Ya en 2009, con la creación del Consejo Económico y Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habló de la necesidad de consolidar un espacio de diálogo que incluyera a sectores sociales, sindical, académico, empresarial y Gobierno, entre otros. Sin embargo dicho Consejo fue descontinuado por falta de acuerdos.
Crear y aprobar una ley de acceso al agua
ANEP y Gobierno buscarán desbloquear la aprobación de la ley de aguas. La comisión buscará redactar una propuesta “que fomente el derecho humano al agua, su uso eficiente y la protección de recursos hídricos”. Además tendrán por objetivo crear instituciones participativas y técnicas en torno a esta normativa, aunque no entraron en detalles. En poco más de una década cinco proyectos de ley se han presentado a la Asamblea Legislativa sin que ninguna iniciativa genere acuerdos suficientes entre la sociedad o los diputados. La última propuesta ha sido criticada por empresarios y agricultores porque algunos artículos permitirían realizar expropiaciones de tierras, limitan el uso del recurso e imponen multas demasiado altas. Estos señalamientos han sido negados por el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras tanto se ha decretado una emergencia por el poco abastecimiento de agua potable en el gran San Salvador.
Reforma de pensiones que sea sostenible
La comisión abordará la reforma al sistema de pensiones como parte de los temas coyunturales a tratar. Ambas partes han reconocido que es un tema sensible y que requiere de un amplio acuerdo multisectorial. En el trabajo se dará prioridad al análisis técnico y financiero del problema para poder identificar una propuesta que sea viable en el corto, largo y mediano plazo. El Gobierno y el sector privado evitaron adelantar iniciativas, pero según el punto 3, buscarán formas alternativas para financiar el pago a los jubilados del anterior sistema. Tras dos meses de consultas la Asamblea Legislativa prefirió delegar la discusión en una mesa técnica la cual aún no ha sido creada. El Gobierno ha presentado una propuesta para crear un sistema mixto, el cual expropiaría los ahorros a buena parte de la población. La iniciativa ha sido criticada por varios sectores quienes la ven más como un arreglo fiscal de corto plazo.
Impulsar el agro, el café y la ganadería
Reactivar la agricultura también es una de las temáticas que discutirán el Gobierno y el sector privado. El énfasis estará en las “cadenas agroindustriales”, es decir, lograr que además de cosechar el país sea capaz de procesar y distribuir alimentos a mediana o gran escala. Sin embargo, los sectores prioritarios en este punto serán el café y la ganadería “por razones económicas, sociales y medioambientales”, según el comunicado. En el caso del café el sector lleva varios años afectado por una plaga de roya que reduce la capacidad y calidad de los frutos que producen las plantaciones. Los agricultores criticaron que primero el Ministerio de Agricultura y Ganadería ignoró el problema y luego implementó acciones insuficientes ante el mismo. La ganadería también resiente los efectos de la sequía pues reduce las opciones para alimentar al ganado y producir leche. De momento no se hizo mención a la iniciativa de crear una ley de soberanía alimentaria, impulsada por el Gobierno, o cómo se aplicaría.
Competitividad y reducción de trámites
La competitividad del país está relacionada a aspectos muy concretos como la cantidad de documentos y tiempo necesarios para hacer un negocio o pasar por aduanas. En la comisión se discutirán propuestas para eliminar trámites innecesarios, modernizar el Estado y hacer que las instituciones encargadas de otorgar permisos funcionen con agilidad. El objetivo en el mediano plazo es facilitar el comercio exterior, agilizar la construcción y lograr la unión centroamericana. Cada rubro tiene sus propios problemas relacionados a este punto. El Salvador ha sido señalado por varios indicadores internacionales por los altos costos y las tardanzas que enfrentan los empresarios al movilizar mercadería por la región. Solo en el primer trimestre del año ha habido varios problemas en el sistema informático de aduanas. La construcción, por su parte, ha señalado que tiene proyectos por un monto de $700 millones detenidos y se encuentra a la espera de permisos en varias instituciones de Gobierno.
Mejorar los niveles de inversión pública
El último punto, pero quizá uno de los más importantes, es mejorar los niveles de ejecución de la inversión pública. ANEP y el Gobierno buscarán mejorar el uso de estos fondos para garantizar “una infraestructura vial, de servicios básicos y un sector eléctrico competitivo”. Por inversión pública se entiende el dinero destinado a construir y equipar escuelas, hospitales, clínicas y delegaciones policiales. Con esos fondos además el Estado busca asegurar el acceso de la población a carreteras, agua, electricidad y otros servicios. Históricamente el Gobierno solo ejecuta el 60 %, $6 de cada $10, de su presupuesto para gasto social. En el 2015 se presupuestaron $1,022 millones para obras en salud, seguridad, educación y desarrollo económico. Sin embargo, para el final del año apenas $682 millones habían sido utilizados. Los inversión pública también es retrasada por la misma burocracia que afecta al sector de la construcción, así que este comparte propuestas con los temas de competitividad.