Honduras empezó a aplicar la semana pasada una ley de disciplina fiscal con la cual buscarán controlar el incremento de los gastos, disminuir el déficit y detener el alto endeudamiento.
Uno de los objetivos de esta legislación es reducir el déficit anual al 1.6 % para este año y mantener una tendencia a la baja para que en 2019 llegue a solo un 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), según el periódico hondureño La Prensa.
Con ese menor nivel de déficit se buscaría reducir al mismo tiempo el incremento de la deuda pública en Honduras. La normativa también establece que el crecimiento del gasto corriente (donde los Gobiernos suelen incluir salarios y compras) no puede ser mayor al promedio de crecimiento económico en los últimos 10 años. Además el contrato de nuevos préstamos tendrá limites y se buscará mejorar el uso de la inversión pública.
La Secretaría Financiera de Honduras (Sefin) explicó a los medios que otro beneficio de la ley es que con la mejora de las finanzas públicas bajarán algunas tasas de interés. Es decir, el Gobierno y la población tendrían acceso a préstamos un poco más baratos.
La ley aprobada en abril pasado busca evitar que Honduras llegue a una situación crítica como la vivida tras la crisis financiera. Entre 2009 y 2013 la deuda del país llegó a representar el 46 % del PIB y el déficit anual promediaba un 7.9 %.
El país centroamericano además contará con una nueva dirección general de política macro fiscal, que tendrá a su cargo el cumplimiento de esta ley. En marzo de este año la Sefin publicó que la deuda del Estado era de $5,745 millones, un 28 % del PIB.
¿Responsabilidad fiscal en El Salvador, cuándo?
Mientras tanto en El Salvador los esfuerzos por crear una ley que regule y estabilice las finanzas públicas ni siquiera ha generado un acuerdo en firme. Las iniciativas más recientes llegaron hace 2 años a la Asamblea Legislativa, como propuestas de ley del FMLN, PCN y el Ejecutivo.
Pero no son las primeras, ya en 2012 el grupo parlamentario de ARENA presentó una propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal.
A principios de 2015 la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició la revisión de todas las propuestas sin llegar a nada.
La discusión se fue dejando en el olvido por diferencias entre las metas anuales y de largo plazo, las elecciones, nuevos préstamos, y más recientemente por la reforma al sistema de pensiones.
De momento la única iniciativa similar es la propuesta de ARENA para que una comisión supervise el uso que hará de los $152 millones en bonos para las medidas excepcionales de seguridad.
De la Ley de Responsabilidad Fiscal, como tal, no se ha hablado en meses.
Esta ley se vuelve urgente cuando la deuda del Estado, que se paga con los impuestos de la población, ya se encuentra en un 60 % del PIB y se prevé que llegará al 70 % en seis años si no se toman acciones concretas. Hace dos semanas una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el Gobierno debe recortar el gasto en salarios, pues ha crecido en un 1% del PIB. También recomendó focalizar más los subsidios contener el alza al salario mínimo, eliminar impuestos como el de operaciones financieras y telecomunicaciones, crear un impuesto al patrimonio y aumentar el impuesto del IVA y la renta.
Estas son las propuestas que siguen sin revisarse por completo en la Asamblea Legislativa.
Gobierno y FMLN buscan subir impuestos
Las propuestas del Gobierno y del FMLN presentadas en 2014 son idénticas, salvo variación en algunos detalles. Los documentos establecen una regulación fiscal a ejecutarse en dos fases durante un lapso de 10 años.
La normativa establece un período de “estabilización”, que debe durar tres años, en el cual se deben incrementar los ingresos y recortar los gastos en un 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La segunda fase es el “período de sostenibilidad”, que debe durar 7 años. En él Hacienda propone que la carga tributaria se lleve a un 17 % del PIB, mientras el FMLN busca un 20 %. Además sugieren un límite para el gasto corriente equivalente al 19 % o 20 % del PIB. ,
En esta fase la deuda se debe reducir hasta ser el 42 % del PIB, pero no especifica cómo se hará. En caso de que los ingresos no sean suficientes aún se deja abierta la posibilidad de buscar préstamos. Además, permiten modificar las metas si el Gobierno lo cree necesario.
PCN sugirió cambios inmediatos
La propuesta que el PCN presentó en 2014 indica que debe iniciar a aplicarse al año siguiente de su aprobación. La principal diferencia es que establece metas anuales dentro del presupuesto general de la nación.
La primera regulación es que al elaborar el presupuesto anual el déficit no debe sobrepasar el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), actualmente se encuentra en 4 %.
En cuando a deuda propone que no debe sobrepasar el 40 % del PIB, pero no especifica cómo se reducirá del 60 % actual a esa meta. Una medida concreta que sí incluye es que la emisión de las Letras del Tesoro (LETES) se limite a un 10 % de la recaudación promedio de los últimos tres años. Las LETES se usan, en teoría, para pagar déficits temporales de efectivo que tenga el Estado.
La particularidad de esta propuesta es que se crearía un Fondo de Estabilidad Económica. El dinero que, supuestamente se ahorrará al implementar estas medidas se destinará al Fondo para poder invertirlo y generar ganancias al Estado.
ARENA sugiere un mayor control en las deudas
El partido ARENA fue el primero en colocar en la mesa de la comisión de Hacienda. Su propuesta data de 2012.
La principal apuesta es establecer mayor control al endeudamiento del Estado. Prohíbe que el Gobierno utilice préstamos para pagar gastos corrientes. Además, limita la emisión de Letras del Tesoro (LETES) a un 15 % de los ingresos corrientes y establece como requisito que la Asamblea Legislativa autorice la emisión de esta deuda.
El documento precisa que las metas deberán ser anuales, buscando que el porcentaje del déficit sea de 1.5 % del PIB y la deuda no supere el 30 %. Se convierte así en uno de los recortes más drásticos entre los que analiza la comisión.
Sin embargo, ARENA sugiere que los ajustes fiscales no deben reducir el porcentaje del presupuesto que se dedica a inversión social. Por último propone que universidades, tanques de pensamiento, Hacienda y Banco Central decidan en conjunto los ajustes a estas metas fiscales.