Por si fuera poco la crítica situación que enfrentan los agricultores nacionales con los impactos del cambio climático; un nuevo problema se avecina para el sector: diputados del FMLN han vuelto a poner sobre la mesa, un decreto con el que buscan prohibir agroquímicos que son necesarios para la producción de granos básicos, café y azúcar.
Representantes del sector agrícola han expresado su preocupación ya que, según ellos, no se está haciendo una evaluación técnica sobre los impactos que causaría la eliminación de algunos elementos químicos a la hora de realizar sus siembras.
En 2013 diputados de la Asamblea Legislativa presentaron al ejecutivo el Decreto 473: “ Reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario”, con el fin de prohibir el uso de 53 agroquímicos, ya que según lo argumentaban, involucraban el derecho a la salud, a la alimentación y al bienestar económico.
Aunque en ese entonces el Ejecutivo regresó con observaciones el documento, hoy buscan superar esas observaciones y que finalmente se apruebe.
Pero los agricultores lamentan que después de todo este tiempo en que ha pasado engavetado el tema, no se haya hecho una evaluación real, sino que se esté haciendo por cuetiones políticas.
“Es contradictorio lo que quieren hacer. Cómo van a prohibir el uso de estos agroquímicos para los agricultores del país, van a dejar que la gente deje de producir las cosechas y se va a seguir importando producto como frutas y verduras, que vienen de países donde no están prohibidos los agroquímicos. No tiene sentido”, advirtió el presidente de la Cámara Asociación de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio.
Para los representantes del agro, lo que están haciendo los representantes del FMLN en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, es relegando al sector agrícola local.
“Hay que estar claros que para que nuestra agricultura sea competitiva necesitamos los agroquímicos. Nos ponen en desventaja competitiva con países que usan a diestra y siniestra esos productos”, advirtió el representante de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, Mateo Rendón.
El Salvador importa granos básicos de otros países de la región, donde se utilizan agroquímicos libremente.
Tal como lo había señalado anteriormente la experta en temas de agricultura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Amy Ángel, lo que podría pasar al prohibir los agroquímicos es que habría cierta reducción en la producción, por menores rendimientos o por dejar de sembrar al no poder competir con importaciones de otros países que no tienen las mismas restricciones.
“Sobre el decreto, una primera observación es que es un tema técnico (aunque tenga implicaciones sociales) pero se ha manejado en un ambiente y foro político, lo cual se presta para soluciones no idóneas a la problemática”, indicó Ángel.
Según lo argumentaba la experta en el tema, no se necesita una ley para prohibir los agroquímicos, esto debido a que en la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso agropecuario de 1973, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene la facultad para prohibir “la importación, fabricación y venta de productos” “cuando así lo aconsejen la experiencia, los ensayos (y) las investigaciones de comprobación” (art. 6, literal f).
Un mal necesario
De acuerdo con los representantes del sector agrícola, varios de los productos que se quieren prohibir totalmente, son necesarios para poder desarrollar sus cultivos.
Por ejemplo, en el caso del sector cafetalero uno de los elementos que más utilizan es el insecticida Endosulfan, que les sirve para controlar la broca.
También en muchos de los cultivos que se producen en El Salvador, es muy común la práctica de hacer la limpia con herbicidas como Paraquat y Glifosato.
Sin embargo, pese a que en reiteradas ocasiones los agricultores han salido al paso diciendo que estos productos se han vuelto un mal necesario para poder obtener cosechas, los legisladores insisten en prohibirlos, sin ofrecerles las soluciones necesarias para que puedan continuar con la producción agrícola.
“Ellos dicen que por estos agroquímicos han muerto hombres y mujeres, pero lo que sucede es que hay un mal manejo del producto, nosotros proponemos que haya regulación”, mencionó Mateo Rendón.
En este tema, también el presidente de Campo, señaló que lejos de estar buscando que se dejen de usar, se debe buscar que exista una buena capacitación para los agricultores, para que estos puedan manejar el producto de una manera más segura.
“Este es en un mal necesario y no tenemos sustitutos en el mercado. Deberían de hacer una comisión técnica para regular estos productos y no para prohibirlos”, indicó Treminio.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Campesino de El Salvador (Asodice), Inés de Bruno, agregó que aunque la propuesta busca que se implemente un modelo de agricultura orgánica en el país, la realidad es que los cultivos necesitan los agroquímicos.
“Este es un tema político, esta propuesta busca hacer quebrar a dueños de las empresas agroquímicas. Nosotros no estamos en contra de los orgánicos, pero el suelo necesita los agroquímicos”, reiteró la representante de Asodice.
Serias contradicciones en el decreto
Para los representantes del sector agrícola, el decreto no solo se contradice al hablar de conservar la salud de la población, sino que además con la prohibición que hace de agroquímicos que ya estaban vetados desde el año 2000.
Según lo indicó el presidente de Campo, 34 de las sustancias incluidas en el decreto, ya estaban prohibidas desde junio del año 2000, por el Decreto No. 151 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Además 12 de los 53 productos que quieren prohibir, ya estaban regulados.
El 29 de enero de 2004 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 18, en el cual se imponen restricciones para la comercialización y uso de 12 productos agrícolas conocidos genéricamente como Paraquat, Metil paration, Endosulfán, Metamidofós, Terbufós, Carbofurán, Metomil, Forato y Dimetoato.
Las regulaciones han servido para que el vendedor solo pueda ofrecer estos productos bajo firma, número de identificación y justificación de uso. También tienen restricciones para comercializar con niños, embarazadas y discapacitados mentales.
Además de las prohibiciones y regulaciones que tienen varios de estos productos, existen acuerdos como el Convenio de Rotterdam, del cual El Salvador es signatario desde 1999 y por el cual ya había restricción para varios de estos.
Por lo que los agricultores consideran que la urgencia que tienen los diputados por prohibir elementos que ya tenían prohibiciones y otros que son necesarios en el agro, solamente esta sujeto a razones políticas y no tienen verdadera motivación de contribuir con el bienestar de la población.
Según se conoció extraoficialmente, el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Francisco Mata Bennett, agendó para este martes 23 de mayo este tema. pese a que hay temas que urgen ser discutidos como el estudio de la Ley de Agua.