El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) confirmó ayer que existen solicitudes de acceso de información a las auditorías del patrimonio de diez funcionarios y exfuncionarios públicos, y que ha ordenado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregarlos a los demandantes.
Los ciudadanos que pidieron estos exámenes patrimoniales lo hicieron inicialmente en la Unidad de Acceso a la Información de la Corte, pero no se los entregaron porque aún no han sido realizados, según les argumentaron.
Los funcionarios y exfuncionarios en cuestión son: los expresidentes de la CSJ, José Domingo Méndez y Belarmino Jaime; los exvicepresidentes del país Carlos Quintanilla Schmidt y Ana V. de Escobar; el exsecretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez; el alcalde capitalino, Nayib Bukele, y los últimos cuatro titulares del INDES.
De acuerdo al comisionado del IAIP, Jaime Campos, ante la ausencia de la información, los ciudadanos acudieron al Instituto, el cual ordenó dar los datos solicitados.
Pese a esto, agregó: “La CSJ la semana pasada nos pidió una prórroga de seis meses para realizar los exámenes de probidad y entregárselos a los ciudadanos. Nosotros aún no hemos resuelto esa petición”.
Estos casos se sumarían a los cerca de treinta expedientes en estudio de la CSJ, entre los que figuran expresidentes de la República y diputados.
La CSJ ya envió a juicio por presunto enriquecimiento ilícito a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca, al exdirector del ISSS, Leonel Flores, y al diputado Reynaldo López Cardoza.
Campos afirmó que una ciudadana ha solicitado un informe sobre los parámetros que la Corte ha empleado para nombrar a cinco de sus magistrados como los asesores de la Sección de Probidad. Asimismo los criterios en que se han basado para decidir a qué funcionarios auditarán su patrimonio. Según el comisionado, la CSJ no ha entregado la información completa porque la discusión está en curso.
En otro tema, el IAIP auditó a 45 entidades públicas para ver si cumplían con la entrega de información oficiosa en el plazo que da la ley, de ellas el 52 % ha cumplido. Entre ellos destacan el MAG, la alcaldia de Santa Ana y el Congreso.