Han pasado algunas semanas desde que los periódicos nacionales informaron sobre la captura de varias personas acusadas de cometer delitos en el contexto de una negociación entablada entre el gobierno de Mauricio Funes y cabecillas pandilleros. Algunos de los más visibles involucrados en el pacto pandillero, que no fueron incluidos en las detenciones iniciales, han aprovechado la reserva total decretada sobre el caso, para fabricar y difundir, a nivel nacional e internacional, sus propias versiones de las capturas y los ilícitos que se investigan.
El objetivo, sin duda, al igual que cuando se sugirió por primera vez en el 2012 la existencia de un acuerdo entre el Estado y las pandillas, es tratar de manipular la opinión pública a favor de los negociadores y la negociación, y en contra de la parte acusadora. Sin embargo, la Fiscalía se ha autoimpuesto una mordaza que no permite proveer contrapesos a las versiones de los involucrados.
Es entendible que el miedo empuje a las personas que temen ser capturadas en el futuro, a decir cualquier cosa o a traicionar a quién sea para evitar ser penalizados. Aunque estos personajes han advertido en diversas ocasiones que no temen a las consecuencias de su participación en la negociación con cabecillas pandilleros, argumentando que “vienen de donde asustan”, en mi experiencia, las personas verdaderamente valientes jamás se jactan de su valentía. Son los cobardes los que disfrazan su pánico vanagloriándose con ese tipo de frases y tratan de justificar sus acciones moral y/o legalmente cuestionables, etiquetándolas como pragmatismo sin asumir responsabilidad por ellas.
El mismo miedo que los mueve, no obstante, los está haciendo cometer errores y, en consecuencia, los está llevando a fortalecer el caso que tratan de desvirtuar y debilitar sus propias versiones fabricadas. Una de las estrategias comunicacionales empleadas por estas personas para crear una percepción desfavorable para el caso planteado por la Fiscalía, por ejemplo, ha sido describir a los oficiales de policía involucrados como “agentes encubiertos”, utilizando este término para pintar a sus acusadores como traidores que han dado la espalda a sus compañeros, justificar las conductas ilegales cometidas por los acusados y apelar a las implicaciones del trabajo policial encubierto a nivel internacional.
La figura del “agente encubierto” en El Salvador, sin embargo, está normada en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en donde se establece que la Fiscalía es la que autoriza por escrito a los agentes encubiertos. Según dicha normativa, la táctica del “agente encubierto” se limita al “uso de medios engañosos con el exclusivo objeto de detectar, investigar y probar conductas delincuenciales”. El nombramiento de agentes encubiertos no es antojadizo, sino que tiene que cumplir con formalidades legales. Esto evita, entre otras cosas, que policías sorprendidos cometiendo delitos argumenten que dichos ilícitos eran parte de una operación encubierta realizada en el marco de una investigación.
Los involucrados en el pacto pandillero aún en libertad, en ninguna de sus declaraciones mediáticas hacen alusión a la existencia de un documento oficial de la Fiscalía que acredite a los policías acusados como agentes encubiertos. Tampoco se menciona en notas periodísticas. Indudablemente, si existiese tal documento, ya estaría colgado en blogs y circulando en las redes sociales. Los periódicos han dejado claro que los detenidos no fueron capturados por dialogar con pandilleros, sino por la comisión de ilícitos. Si estas acciones no fueron desarrolladas con fines probatorios, en el marco de una investigación y sin autorización de la Fiscalía, los acusados tienen la misma calidad que cualquier otra persona particular que comete delitos y, por lo tanto, su acusación y encarcelamiento no es político, pero sí insuficiente. Aún faltan personas en el banquillo de los acusados, por lo que invito a los involucrados en libertad, a que sigan hablando públicamente sobre el caso.
*Criminólogo
@cponce_sv