Al Gobierno ya no le alcanza el dinero y su tarjeta de crédito (las Letras del Tesoro) no da para más. Antes de que finalice el año se verá obligado a suspender algunos pagos, debido a la mala administración de sus recursos.
Esta fue la principal advertencia que hizo la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su Informe de Coyuntura Económica correspondiente a mayo.
“No hay dinero para llegar a fin de año. El funcionamiento de Estado no podrá seguir en condiciones normales”, dijo el director del departamento de estudios económicos de Fusades, Álvaro Trigueros.
El problema es la falta de dinero en efectivo que tiene el Estado. Mes a mes, los gastos son mayores a los ingresos.
Hacienda utiliza las Letras del Tesoro (Letes), un tipo de tarjeta de crédito que se paga en un plazo de 12 meses, para obtener el dinero que le falta.
“El saldo de Letes superó el máximo histórico en marzo 2016… en ese sentido nosotros vemos que es cada vez más difícil seguir emitiendo Letes para financiar esos déficit en lo que continúa del año”, explicó el investigador, José Andrés Oliva.
Fusades advirtió que en marzo las Letes sumaron $936.8 millones, por lo que Hacienda tiene un margen casi inexistente para pagar todos sus gastos con la tarjeta de crédito. “A partir de agosto… hasta diciembre no le queda más alternativa al Estado que tomar la decisión de dejar de pagar. Deja de pagar salario, deuda, alquileres, bienes y servicios”, apuntó Trigueros.
El estado aumentó tanto sus gastos, sobre todo en salarios, que ahora sus ingresos y la tarjeta de crédito no son suficientes para cumplir todas sus responsabilidades.
Según cifras de Fusades, entre mayo y julio, el Gobierno debe pagar $335 millones por Letes vencidas. Solo eso ya consume los $378 millones que Hacienda recibió por pago de renta hasta el 2 de mayo.
En teoría las Letes se utilizan solo para pagar faltas temporales de efectivo, pero desde la administración Funes se utilizan para pagar gastos corrientes del Estado.
Según Fusades, el saldo de las Letes ha crecido. A diciembre de 2011 era de $569.7 millones y al cierre de 2013 era de $628.3 millones.
En 2014 la Asamblea Legislativa aprobó un “refinanciamiento” al Estado. Le permitió obtener bonos, pagaderos en 25 años, para pagar las Letes. Ese año el saldo se redujo a $328 millones.
Sin embargo, Hacienda continuó usando la tarjeta de crédito hasta que alcanzó su límite y los diputados no han accedido a un nuevo refinanciamiento, hasta que el Gobierno reestructure sus gastos y sea disciplinado con el uso de los impuestos.
Alternativas
De momento la única opción que impulsa Hacienda para generar ingresos y resolver su problema de deuda es la creación de un sistema mixto de pensiones, con el cual buscan tomar cerca de $300 millones de las cotizaciones anuales para pagar las pensiones; y tomarían $4,000 millones del fondo ahorrado en las AFP.
Durante el informe del segundo año del gabinete económico el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que el pago de pensiones del anterior sistema es responsable de una tercera parte del incremento de la deuda. No obstante, Fusades rechazó este discurso oficial que busca culpar a los jubilados del alto gasto del Estado. “No es un rubro particular el que define el equilibrio de las finanzas, sino que es todo su conjunto.
“No es por esa vía que se va a resolver el problema de las finanzas públicas”, dijo Trigueros, quien opina que esta situación representa una encrucijada para la sociedad. Para él es necesario un acuerdo que permita reducir el daño de la suspensión de pagos. El acuerdo debe buscar financiar el funcionamiento del Estado, pero al mismo tiempo reordenar las finanzas públicas, creando un equilibrio entre ingresos, gastos y deuda del Estado.
Para Trigueros ni el financiamiento, ni la disciplina fiscal se deben acordar por separado. Ambas son necesarias.
Fusades destaca que los acuerdos deben atender no solo las finanzas públicas, sino tener por meta mejorar la situación económica de la población. Para ello los acuerdos deben enfocarse en crear más empleos, reordenar las finanzas públicas y promover el desarrollo sostenible.
El Gobierno rechaza aplicar un recorte de gastos y solo menciona la posibilidad de más impuestos o préstamos.