A pocos días de cumplirse el segundo año de gestión del presidente Sánchez Cerén el tema de la seguridad pública presenta cambios significativos. Ha mejorado levemente la percepción ciudadana sobre dicho ámbito lo mismo que la operatividad y la ejecución de las medidas extraordinarias. También los homicidios disminuyeron a la mitad respecto de los registrados hace tres meses. Así lo refleja la última encuesta de LPG en la que se pasa de 76.2% en febrero a 65.8% en el mes de mayo, de personas que consideran que la seguridad está mal o muy mal.
Todavía no es posible identificar los motivos que cambiaron la apreciación de los ciudadanos durante las últimas doce semanas. Puede tratarse de zonas en las que se han reducido los homicidios o que fueron liberadas de la influencia de los pandilleros, ya sea porque éstos murieron en enfrentamientos policiales o por su captura y posterior procesamiento judicial. Nada se dice del delito de extorsión que sigue ahogando principalmente a los micro y pequeños negocios.
Ciertamente la sensación de inseguridad continúa siendo negativa pero debe reconocerse que buena parte de la población valora positivamente las acciones aplicadas por el Ejecutivo desde finales de marzo de 2016. Así lo consideraron los empresarios y los funcionarios en su tercera reunión sostenida el martes de esta semana en la sede de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). El sector privado ha pedido, no obstante esa evaluación inicial, que se retomen las propuestas de Rudolph Giuliani, el exalcalde neoyorquino, presentadas en la edición de 2015 del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE). La ANEP teme una reversión de los logros por no garantizarse, entre otros aspectos, la recuperación de territorios, la sostenibilidad de las iniciativas adoptadas o la falta de condena para los delincuentes en los tribunales.
Indudablemente algún efecto han causado la declaratoria de estado de emergencia en siete centros penales, el encierro de reclusos por 24 horas, el traslado de privados de libertad entre distintos centros penitenciarios, la suspensión de los traslados de internos a audiencias judiciales, la restricción o suspensiones de las visitas familiares o íntimas y el corte del tráfico de las telecomunicaciones desde y hacia los centros penales. A estas reformas deben agregarse las solicitadas por el Fiscal General de la República orientadas a restringir el accionar de los integrantes de las maras.
Lo más trascendental en cuanto a las nuevas herramientas legales que la Asamblea otorgó a policías, jueces y fiscales, fue el consenso generalizado de las distintas fuerzas políticas. El consentimiento mutuo de los actores en la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, representó buena parte del éxito de las apuestas que, al inicio de la primera década del dos mil, tomaron los responsables de la seguridad pública, cuando el delito de secuestro ocupaba los primeros lugares en las estadísticas delincuenciales.
La negociación que se desarrolla actualmente entre los partidos mayoritarios para ratificar el préstamo de $152 millones, con los controles y auditorías que la principal fracción opositora solicitó, podría agregarse a los acuerdos políticos para combatir el crimen. El uso eficiente de los recursos y la participación de diferentes entidades públicas y privadas para su supervisión son condiciones razonables que se han aplicado en otros sistemas, como el colombiano, donde las estrategias para reducir el crimen han sido efectivas.
Que la impresión de la opinión pública sobre el problema de la seguridad haya mejorado no elimina la gran cantidad de homicidios en los últimos doce meses, el incremento de masacres entre las que sobresale la de San Juan Opico, los enfrentamientos entre maras, la PNC y la Fuerza Armada, los asesinatos de agentes policiales, soldados y sus familiares, el desplazamiento interno y hacia destinos en el extranjero de salvadoreños amenazados por las pandillas y el problema de hacinamiento y falta de proyectos de reinserción de reclusos a la sociedad que aún persisten en el sistema penitenciario. Tampoco hay una explicación acerca de la congruencia entre las medidas extraordinarias y los planes de seguridad. La luz al final del túnel es todavía muy tenue pero puede intensificarse en la medida en que se prolonguen los consensos y la integralidad de las estrategias.
*Columnista de El Diario de Hoy