LA UNIÓN. El juzgado de lo Civil de La Unión ordenó que 12 empleados que fueron cesados de la comuna de Conchagua sean reinstalados en sus puestos y se les cancelen los salarios que dejaron de percibir desde el día en que fueron despedidos; sin embargo, la orden judicial ha sido ignorada por las autoridades edilicias.
Las sentencias las emitió el juzgado entre enero y mayo del presente año, pero a a la fecha ninguna ha sido ejecutada por la alcaldía.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH), esa situación consuma el delito de desacato a una orden judicial por parte de las autoridades edilicias.
Roberto Martínez, coordinador departamental de los Derechos Humanos, confirmó que entre mayo y julio de 2015 fueron 40 despidos los que hicieron las autoridades municipales, quienes tomaron posesión el 1 de mayo de ese mismo año.
De ese total, 15 fueron indemnizados de forma efectiva, 22 presentaron demanda en el juzgado de lo Civil y tres aceptaron la decisión de las nuevas autoridades sin problemas.
Debido a que la municipalidad no cumple la orden judicial, las personas que deben ser reinstaladas buscaron la asistencia legal de la PPDH para que le pida al edil, Ulises Soriano y su concejo, que cumplan la Sentencia.
Martínez manifestó que tiene en su poder copia de 12 sentencias del juzgado de lo Civil donde el juez declaró nulos los despidos por no contar con el debido proceso legal.
Agregó que el 4 de mayo la Procuraduría envió un escrito donde le pide al alcalde y concejo que cumplan la Sentencia y le dan un plazo de cinco días para hacer las respectivas notificaciones.
“Se cumple el plazo y hacen caso omiso en dar alguna respuesta y por esa razón nos estamos pronunciando y denunciando al concejo municipal, por el no cumplimiento por lo requerido por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Sentencia, que es más grave, porque estarían cometiendo un delito”, agregó Martínez.
Danilo Flores, uno de los despedidos, aseguró que solo pide que se le indemnice.
“Hay 12 sentencias definitivas que no se han cumplido hasta el momento, entre ellos mi pago de indemnización, por eso estamos buscando la mediación de los Derechos Humanos para resolver de forma pacífica, si no cumplen acudiremos ante la Fiscalía General de La República”, dijo Flores.
El juez de lo Civil de La Unión, Rogelio Rosales, confirmó que en el Tribunal se han desarrollado varios procesos en contra de la municipalidad de Conchagua y que las Sentencias han sido claras a favor de los exempleados.
Agregó que falta que le den cumplimiento por parte de la alcaldía, pero declinó ahondar en detalles del porque no se les ha obligado a que la Sentencia se cumpla, ni de las consecuencias que eso tiene en materia legal.
Martín García, uno de los concejales propietarios, manifestó que los concejales de ARENA interpusieron una demanda en la Fiscalía General de la República por actos arbitrarios y falsedad documental contra el alcalde Ulises Soriano.
La denuncia fue por no cumplir con el reinstalo de las personas despedidas.
Se buscó al edil, Ulises Soriano, para conocer su posición sobre el tema y por qué no cumple la Sentencia, y pese a las insistentes llamadas a su móvil y a la alcaldía, no fue posible contactarlo.