Una de las formas en que los ciudadanos participan en la vida pública de una democracia es en la votación de funcionarios de elección popular como lo son el Presidente y Vicepresidente de la República, diputados para la Asamblea Legislativa y Parlacen y concejos municipales. Elegimos a nuestros gobernantes porque en nosotros reside el poder y porque como sociedad hemos decidido que este sea delegado en representantes que puedan realizar toda la gestión pública y velar por intereses generales.
¿Pero qué hay de los otros funcionarios que no son electos popularmente? ¿Quién los elige? Para el caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General de la República, Procurador General y de Derechos Humanos, y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura es la Asamblea Legislativa quien los elige. Estas elecciones se denominan “de segundo grado”. ¿Están legitimados para ser electos de esa forma? Sí, la Constitución así lo manda, sin embargo, históricamente el procedimiento para elegirlos no ha sido el más legítimo, pues responde a repartos de cuotas y clientelismo político.
La Sala de lo Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que los nombramientos y elección de funcionarios públicos de segundo grado debe responder a parámetros objetivos teniendo en cuenta que estos ciudadanos deben cumplir requisitos de moralidad y competencia notorias. Lo anterior se traduce en comprobar que estas personas son las más idóneas para ejercer el cargo correspondiente.
Asimismo, la Sala ha señalado que dicho proceso de elección se debe regir por principios de transparencia, publicidad y documentación. En ningún capítulo de la Constitución aparece que el requisito para elegir a un funcionario es que coincida en la lista de todos los partidos políticos. Eso está mal.
Recientemente el diputado Johnny Wright presentó una iniciativa para reformar el proceso de elección de funcionarios regulado en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa representaría un avance significativo en el proceso de elección y pretende exigir a los candidatos que sean ellos los que demuestren ser los más idóneos para ser electos. De igual forma, la iniciativa se realizó tomando en cuenta los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha establecido en este tema.
El proceso incluiría evaluaciones de planes de trabajo que presenten los candidatos y exposición de resultados y avances en el caso de candidatos que pretendan reelegirse. Además, incluye una evaluación técnica en la cual los candidatos pondrán a prueba sus conocimientos técnicos por medio de evaluaciones que elaborarán las universidades públicas y privadas. ¡Sí! La Academia está incluida en el proyecto.
Llegó la oportunidad para los diputados de la Asamblea de lograr un consenso en otra materia. Igual de importante que la seguridad pública. Los funcionarios públicos electos indirectamente son también delegados del pueblo y tienen el deber de velar por nuestros intereses y garantizar nuestros derechos. Ellos también nos representan, y como mínimo, la Asamblea Legislativa debe elegir a los más competentes, probos e idóneos para el cargo.
La Asamblea Legislativa tiene en sus manos la oportunidad de fortalecer otros órganos del Estado, empezando por elegir a sus titulares de forma más legítima y técnica. Tienen la oportunidad de demostrarles a los ciudadanos que los intereses generales privan sobre los particulares y partidarios. El éxito o fracaso de este proyecto –abierto a discusión– reflejará sus verdaderas prioridades como funcionarios. Finalmente, invito a la sociedad civil a que se sume al debate sobre elecciones de funcionarios públicos de segundo grado, ellos también velan por nuestros intereses.
*Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios
Twitter: @herbertescoto