La Sala de lo Constitucional admitió dos demandas en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ambas de la Corte Suprema de Justicia por favorecer en sus resoluciones a dos empresas a no pagar más de cuatro milllones de dólares en concepto de impuestos y multas, y violentar las derechos y atribuciones del Ministerio de Hacienda para exigir esos cobros.
El Director General de impuestos Internos del Ministerio de Hacienda declaró ilegal sus resoluciones de fiscalización sin justificar el cambio de criterio realizado y el trato desigual respecto de otras empresas.
A raíz de sus resoluciones, dos sociedades incumplieron sus obligaciones tributarias que implicaban un ingreso al Estado 2 millones 468 mil 729 dólares en concepto de impuesto de renta, más 1 millón 280 mil 195 dólares por renta pendiente, así como dos multas por 617 mil 182 dólares y 320 mil 48 dólares.
Para librarse de pagar esas sumas millonarias, los representantes de las sociedades acudieron a la Sala de lo Contencioso y ésta luego les dio la razón y se dejó sin efecto dicho pago.
Ahora la Sala de lo Constitucional determinó que las demandas del Director General de Tribunal Directa del Ministerio de Hacienda cumplen los requisitos y las admite, en ese sentido se analizará si la Contencioso Administrativo incumplió las obligaciones de fundamentar los motivos por los que decidió apartarse de su precedente jurisprudencial (fallos anteriores), “aplicando un criterio distinto al que había utilizado en casos similares a otros procesos contenciosos.
Tal decisión de la Contencioso Administrativo, establece la Sala de lo Constitucional,, habría ocasionado la imposibilidad de ejecutar el pago a favor del Estado en concepto de impuesto sobre la renta y multas.
Las resoluciones fueron firmadas por los magistrados Oscar Armando Pineda, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.