Una presentación hecha a la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en julio de 2010, por el consorcio supervisor de la construcción de la represa El Chaparral, el asocio Euroestudios-Ingetec, revela que las fallas alegadas por la constructora Astaldi SpA para solicitar un “arreglo directo” eran de su conocimiento desde 2008 y que la montaña del margen derecho de proyecto “no se había movido” como argumentó la firma italiana.
Además, una carta firmada por el ex coordinador de proyectos de CEL, Jaime Contreras, del 12 de agosto de 2010, enviada a Mario Pieragostini, apoderado general administrativo de Astaldi, le recuerda al contratista italiano que no hay evidencias de los supuestos movimientos planteados en la margen derecha de la montaña que respalden la emergencia que la constructora alegó para abandonar los trabajos.
“Se concluye que los reclamos presentados por Astaldi no son procedentes en vista de que no cuentan con los sustentos técnicos que puedan confirmar los argumentos en que se basan y no demuestran la concurrencia de razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo continuar con el desarrollo de las obras para no incumplir con los plazos contractuales. No omitimos manifestar que en ninguna de las cartas se indicó el daño o perjuicio del que presuntamente fue objeto Astaldi”, dice la carta enviada por Contreras.
El documento, que fue presentado a los directivos de CEL mientras duró el contrato de supervisión (marzo 2009-mayo de 2013), también reconoce un mal manejo en las tareas de excavación y de soporte del macizo montañoso, lo cual generó “un problema de estabilidad”, sobre todo por el abuso de dinamita y otros materiales para adecuar la montaña.
“Se concluye que era claro para los licitantes que la situación geológica y geotécnica de la margen derecha era extremadamente complicada y desfavorable, siendo por lo tanto algo previsible para Astaldi”, dice un extracto del análisis de la supervisión, consultado por este periódico.
En contraste, según el mismo documento, el supervisor cuestiona al asesor de Astaldi, Giovanni Lombardi, quien insistió ante los técnicos de Euroestudios-Ingetec que las condiciones en la montaña “fueron inesperadas”, detalle que permitió la justificación de no continuar con la responsabilidad en el megaproyecto.
“Desde el diseño básico se establece la necesidad de colocar anclajes para prevenir deformaciones o relajaciones de roca. Hay un grado de descompresión que deterioraron la montaña”, asegura la supervisión, que más adelante agrega que se excavó “sin control”.
En la carta de Contreras a Pieragostini también se le recuerda a Astaldi que, por respeto a sus obligaciones contractuales, tenía que reanudar los trabajos en cada uno de los frentes de obra sin implicación con la situación margen derecha y que tenían que tomar en cuenta que dicha decisión, unilateral, afectaría el programa de ejecución de las obras.
Asimismo enfatiza que Astaldi SpA debía presentar un planteamiento completo del diseño detallado de la presa El Chaparral, asociado a medidas técnicas y constructivas que se tomarían en cuenta para no incumplir con los plazos contractuales, un aspecto que no conllevó sanciones por parte de la CEL.
Obra con poco avance
Durante los tres años (2008-2011) en los que Astaldi SpA realizó obras de El Chaparral siempre hubo claras diferencias en relación a los porcentajes de avance en la ejecución de los trabajos, no solo con Euroestudios-Ingetec sino que también con la misma CEL, que realizaba su propio seguimiento a través de su gerencia de proyectos.
Al respecto un documento de Astaldi con el que reportó a CEL su avance de obra en mayo de 2012 indica que lograron un 42.65% de avance.
Sin embargo la supervisión interna de la autónoma dijo, previo al pago de $108.5 millones, que solo se había construido un 29% de la obra cuando el contratista italiano las abandonó, aduciendo “imprevistos imprevisibles” en la zona de trabajos.
Pero además el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones de septiembre de 2012, que fue presentado a la directiva de CEL_dos meses después que se firmó el arreglo directo, deja claro que solo se construyó un 29.29% de la obra.
No obstante CEL y Astaldi, en un campo pagado tres días después de firmar el controversial “Arreglo Directo”, afirmaron que el contrato se cerraba con un 38% de avance, tanto en obras como en la instalación de varios equipos electromecánicos.
Hay que destacar que, según el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), se puede optar por la modalidad de terminación de contrato por mutuo acuerdo, no pudiendo en este caso reconocer cantidades que no pertenezcan al valor “de la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.
Esto no sucedió con El Chaparral en el pago de $108.5 millones.
