Varios economistas explicaron que aún se puede evitar una suspensión de pagos en el Gobierno, pero se necesitan acuerdos más allá de partidos políticos para ordenar las finanzas públicas. Aún así no hay consenso sobre cuán grave es la situación.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) alertó que las finanzas públicas tienen los meses contados. En el segundo semestre de este año el Gobierno se vería obligado a suspender los pagos de compromisos serios como: salarios, alquileres, deuda, proveedores, etc.
Consultado por El Diario de Hoy, el ex ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, cree que sí puede ocurrir dicho impago. “Hay una irresponsabilidad muy grande del Gobierno. Están gastando en unas cantidades que son más de lo que le está entrando en impuestos y en préstamos”, añadió.
Sin embargo, el primero en objetar el análisis de Fusades fue el ex presidente del Banco Central de Reserva, Mauricio Choussy. “Creo que el país no está en una situación que vaya a incurrir en un impago… yo no coincido en nada en que se utilice ese tipo de lenguaje”, dijo durante una entrevista televisiva.
Por último el economista, Claudio de Rosa, explicó que el análisis de Fusades alerta solamente sobre el riesgo de un impago. “No significa que vamos a caer en esa situación de crisis pero el riesgo es grande”, precisó.
Choussy dijo en televisión que una vez la Asamblea Legislativa apruebe un refinanciamiento de la deuda pública (pasar de pagos de corto plazo a largo plazo) “el país vuelve a tener posibilidad de seguir operando en términos normales”.
No obstante, Hinds consideró que esta alternativa es un barril sin fondo. Para él, antes de hablar de un impago o aprobar más préstamos al Gobierno se deben reducir los gastos del Estado.
“Si usted toma más dinero prestado sí puede salir adelante. La cosa es que cada vez es más difícil conseguir el dinero… Es bien fácil reducir los gastos que tiene el Gobierno. Ellos no quieren reducir nada. Quieren seguir gastando, viajando”, opinó el experto.
Por su parte, Claudio de Rosa consideró que se necesita un acuerdo como sociedad, más allá de cualquier iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa, para la sostenibilidad financiera y social.
El acuerdo debería incluir un acuerdo sobre los gastos del Estado, pero también estimulando la inversión privada, la creación de empleos y el crecimiento económico.
De Rosa añadió que la advertencia de Fusades no es aislada sino que “refleja la profunda preocupación de los organismos multilaterales que temen que en un plazo no muy lejano El Salvador pueda caer en situación de impagos”.
Más gasto en salarios
En varias ocasiones se ha criticado al Gobierno el incremento en las contrataciones públicas y pago de salarios. De hecho, fue una de las principales observaciones en la última evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo a El Salvador.
Manuel Hinds insistió en que los funcionarios deberían “tomar en serio las necesidades del pueblo”, en lugar de preocuparse por sus propios intereses.
Choussy. por su parte. dijo que ha habido despilfarro en salarios y esto es un abuso sobre la gente que paga impuestos, incluso aquellos con trabajo informal. “Cuando los impuestos de esta gente humilde se utilizan para sinvergüenzadas, da tristeza porque esa gente necesita recibir algunos servicios”, añadió.
El economista Claudio de Rosa hizo referencia a un estudio privado del FMI, según el cual los países de Centroamérica usan el 7 % de su PIB para pagar salarios del Estado. El Salvador usa el 9 %.
En cifras, eso significa que nuestro país gasta $540 millones más que nuestros vecinos para pagar a todos los empleados del Estado.
Hinds cree, además, que el último préstamo aprobado para seguridad permite al Gobierno gastar un poco más, pero no arregla la falta de liquidez en el largo plazo.
De Rosa dijo a este medio que dichos préstamos incluyen un elemento positivo: un control de gastos para que el dinero no se use en algo ajeno a seguridad. Empero, el riesgo seguirá latente si no se ordenan con urgencia las malogradas finanzas públicas.
¿Por qué se suspenderían los pagos?
Desde 2010 el Gobierno aumentó drásticamente sus gastos, sobrepasando además la creciente recaudación de impuestos.
Ese año sus gastos corrientes fueron $3,876 millones y en 2015 fueron $4,777 millones. En ese período solo el pago de salarios aumentó en $614 millones.
Mes a mes, año con año, el Ejecutivo pagó con una tarjeta de crédito (las Letras del Tesoro) el dinero que le hacía falta. Cuando la tarjeta se “topaba”, refinanciaba con un préstamo de largo plazo.
Así limpiaba la tarjeta y volvía a usarla mes a mes.
Desde mediados de 2015 el Gobierno no puede refinanciar su tarjeta, pues la Corte Suprema de Justicia suspendió la emisión de más bonos, y el FMLN ya no controla la Asamblea Legislativa para autorizar otro préstamo.
En marzo de este año el Gobierno topó la tarjeta, sobrepasó los $937 millones en Letes. Ya no la puede usar a gusto para cubrir los gastos para los que no tiene dinero.
El problema es que los impuestos no alcanzan, no hay más dinero prestado, pero los gastos adicionales que creó el Gobierno del FMLN siguen presionando cada mes.