Los empresarios rechazaron ayer que el Gobierno presione con llevar adelante el sistema mixto de pensiones si la Asamblea Legislativa no le otorga $1,200 millones que quiere para pagar deuda de corto plazo. Las gremiales pidieron una discusión seria y técnica para brindar estabilidad a las finanzas públicas.
El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo este lunes, en un canal estatal, que si no se aprueban los bonos para refinanciar la deuda habría presión sobre la liquidez del Estado y “para que se aprueben algunas medidas. Justamente esta es una de las cosas que ha generado mayor presión en el tema de la reforma previsional… es necesaria porque es uno de los factores que hacen que crezca más la deuda”, subrayó.
En anteriores ocasiones el partido ARENA ha calificado estas declaraciones como chantaje. Esta vez el sector privado no tardo en reaccionar, considerando esto como una “amenaza velada” a los ahorros de los trabajadores.
“Es una prueba contundente que el deseo de tocar los ahorros de los trabajadores es no para resolver y garantizar pensiones dignas y justas, sino para resolver un problema de caja”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.
“Están queriendo usar las pensiones para resolver un problema fiscal. Hemos sugerido que el tema de las pensiones… no puede dedicarse para resolver un problema fiscal”, dijo el presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), Agustín Martínez.
Por su parte, el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Pablo Durán, opinó que con esas declaraciones “Demuestran que tienen una necesidad financiera, una urgencia de tener recursos… Es una manifestación de desesperación”.
“Nos sorprende que ahora venga el Gobierno con otros $1,200 millones. A la fecha no hemos visto ningún esfuerzo de austeridad”, añadió el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán.
Para los empresarios, la estabilidad de las finanzas públicas debe discutirse por separado de la reforma al sistema de pensiones.
“Se ha propuesto que se analice en ambos casos técnicamente que viabilidad hay para el tema del endeudamiento. Hay que montar un esquema para resolver el problema de largo plazo, sino todos los años vamos a tener la misma situación”, dijo Agustín Martínez.
Pablo Durán pidió que se busque un acercamiento con la sociedad para dar estabilidad a las finanzas. “Vamos a hacer un propósito de disminuir los gastos de los tres órganos del Estado y vamos a mejorar los ingresos… podríamos como país buscar un equilibrio de las finanzas públicas”, expresó.
En este contexto, Luis Cardenal añadió que aprobar una ley de responsabilidad financiera no es ya una petición, sino un requisito indispensable. “Si seguimos gastando más de lo que ingresa, todos los años vamos a tener que endeudarnos más… si la economía no crece, la inversión no viene, esto se va a colapsar”, opinó.
El presidente de ANEP además alertó que los gobiernos del FMLN se han endeudado a ritmo de mil millones de dólares cada año. “En toda la historia (previa) del país nos hemos endeudado $10 mil millones”, explicó para ilustrar lo grave del incremento de la deuda en este período.
Asimismo, Javier Simán hizo un llamado a los diputados para que sean responsables con la forma en que abordarán el financiamiento del Estado. “No pueden seguir drenando recursos de la población para que el gobierno haga uso inefectivo de ese dinero”, expresó.
El sector empresarial rechazó la intención del gobierno de forzar la aprobación de los bonos, o la reforma de pensiones, sin ser responsables de la manera en que utilizan el dinero. “No se puede continuar gastando infinitamente, pareciera que el gobierno es insaciable. Hay que ponerle un paro a eso”, expresó el presidente de la ASI, Javier Simán.
“Deberíamos de empezar a ser más serios a la hora de hacer propuestas. Nuevamente el que haya una amenaza velada, que si no nos dan gusto, nos vamos a dejar ir con una propuesta que no tiene apoyo de los ciudadanos… no tiene razón de ser”, concluyó Luis Cardenal.
Discusión técnica para reforma de pensiones
Al mismo tiempo el máximo dirigente del sector privado, Luis Cardenal, rechazó que el Gobierno insista en mantener la discusión de la reforma de pensiones solo entre políticos.
El empresario insistió en que el problema para darle sostenibilidad al sistema tiene una solución técnica, no política.
Añadió que el debate “debería de ser en una mesa técnica donde no esté contaminada por las necesidades fiscales ni las urgencias económicas que tiene el gobierno, ni componentes ideológicos o peor aun, electorales”.
Para el presidente de Camagro, Agustín Martínez, la postura del Gobierno hace ver que todo lo quieren resolver solo con discusiones políticas.
“Tienen que hacer consultas técnicas a los sectores que somos afectados, tanto las empresas como los trabajadores, que somos los que aportamos ese recurso. No puede ser que se hagan cuestiones sin consultarlas”, añadió.
Javier Simán explicó que el sistema actual de pensiones es sostenible, en términos generales, y que el problema viene del financiamiento a las pensiones del anterior sistema público (ISSS e INPEP).
Cada Gobierno ha tenido la responsabilidad de destinar al menos $400 millones de su presupuesto al pago de esas pensiones públicas, pero siempre han utilizado préstamos. Sin embargo esta situación es aparte de los problemas que tiene el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“El gobierno con la reforma que presentó quiere hacerlo ver que es un solo problema”, criticó Simán.
A través de un canal estatal el secretario técnico, Roberto Lorenzana, desestimó la petición de crear una comisión técnica independiente y dijo que la Asamblea Legislativa tiene personal que puede asumir ese papel pues estuvo involucrado en la anterior reforma del año 1998.
De momento la Asamblea Legislativa ha suspendido la discusión sobre la reforma de pensiones a la espera de decidir si se crea o no una comisión técnica para analizar el tema.