Desde que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) declaró desierta la concesión del puerto de La Unión, debido a que ninguna empresa precalificada quiso participar en la licitación a finales de mayo del año pasado, la terminal marítima ha pasado diez meses más en el abandono.
Pese a que después de esa declaratoria, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, señaló que el Gobierno estaba determinado en que el puerto comenzara a funcionar ese año, la terminal aún no tiene administrador.
“Pero en todo caso esta semana lo vamos a evaluar… el pueblo salvadoreño puede tener la seguridad que en este gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reactivar el puerto”, dijo Ortiz hace 10 meses.
Pero terminó el 2015, y ha pasado el primer trimestre de 2016, y el puerto sigue esperando.
El mismo presidente de la autónoma, Nelson Vanegas, dijo recientemente que se continúa la conversación y el diálogo con las empresas que están interesadas, pero todavía no hay acuerdo.
En mayo del año pasado, CEPA declaró desierta la primera licitación pública internacional, porque ninguna de las cuatro empresas que precalificaron al proyecto presentó su oferta económica.
Según lo argumentaron funcionarios de Gobierno, las empresas desistieron de participar debido a que el puerto no tenía un movimiento desarrollado y, además, porque tiene la competencia del Puerto de Acajutla, que maneja actualmente la mayoría de contenedores que entran y salen del país, lo que le restaría competitividad.
Días después de que se hiciera el anuncio, el presidente de CEPA, afirmó que en esos días sostendrían una reunión para discutir las alternativas que se tomarían para concesionar el Puerto. Una reunión de la que aún no se tienen resultados concretos.
“Como lo he dicho anteriormente, las empresas han expresado que no están interesadas en hacerlo a través de una concesión, entonces estamos buscando otro instrumento legal que permita poder concluir y tener resultados positivos para el país”, dijo Vanegas esta semana.
Según lo establece la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública (Lacap), CEPA puede llamar a una segunda licitación pública para iniciar de nuevo el proceso, y sólo se dará una contratación directa si esa segunda licitación se declara desierta nuevamente.
Vanegas afirmó en ese momento que no se descartaba que la concesión pudiera darse de forma directa, a través de una ley de Asocio Público Privado (APP) o a través de las alternativas que plantea la Ley de Concesiones, también aseguró que cabía la posibilidad de que fuera la misma autónoma la que hiciera las inversiones en el puerto.
Recientemente, Vanegas dijo que este tema requerirá de la participación de la Asamblea Legislativa, dado que se podría requerir de un decreto especial, una nueva ley de concesión, e inclusive de reformas a la ley.
Pero mientras se toma dicha decisión, la incertidumbre sobre la concesión aún continúa y cada día que pasa se siguen generando más gastos para mantener la terminal marítima en buenas condiciones.
Terminal marítima solo genera gastos
El problema de tener una terminal marítima inoperante, es que CEPA debe buscar los fondos para continuar con el pago del préstamo que se hizo hace años para su construcción, además de todos los gastos que implica mantenerla en buenas condiciones.
En 2004 el Gobierno de Japón aprobó un préstamo por $101 millones para construir la terminal marítima. Un crédito que hasta la fecha se continúa pagando.
Según los informes presentados por la autónoma, por ese préstamo se pagan anualmente entre $10 y $12 millones, entre amortización de préstamo, adicionalmente se le suman los costos por mantenimiento y el pago de salarios de los empleados.
Pero, para poder saldar esta deuda y mantener activa la terminal marítima, CEPA ha tenido que desembolsar fondos provenientes de las ganancias que deja el Puerto de Acajutla y el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Según los últimos informes de la autónoma, entre 2010 y y 2014 sólo 99 buques habían atracado en la terminal, que no tiene la suficiente maquinaria para recibirlos y ayudarles a atracar su mercadería.
Otro de los problemas que enfrenta CEPA con la falta de administración de la terminal, es que debe realizar el trabajo de dragado del canal de acceso a la terminal marítima.
Dragar el canal principal de acceso al puerto será responsabilidad del Gobierno, de acuerdo con la Ley de Concesión, pero el problema en este tema radica en que el Gobierno debe buscar los fondos para hacerlo.