La Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) explicó que desconocen del contenido de la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones, presentada el miércoles pasado a la Asamblea Legislativa por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
Johanna Hill, directora ejecutiva de Casatel, aseveró que tres días antes de iniciar la Semana Santa, la Siget entregó a la gremial un borrador de la reforma, el cual fue presentado a las cuatro empresas de telecomunicaciones, las que lo analizaron en el transcurso de la semana; sin embargo, consideran que el documento presentado el miércoles a la Asamblea Legislativa es diferente al que las compañías habían evaluado, según Hill.
De acuerdo con lo que ellos han podido indagar, el nuevo documento es más amplio que el anterior; y el problema que ellos encaran es que el borrador analizado contiene diversos puntos negativos para el sector de las telecomunicaciones. La preocupación de las empresas, en base a lo analizado en el borrador de la reforma al que tuvieron acceso, es que podría afectar la manera en que hacen negocios las empresas de telecomunicaciones del país. Es tanto así que creen que una reforma como esta podría afectar las inversiones de las empresas.
De igual forma, la gremial, conformada por las empresas Tigo, Claro, Telefónica y Digicel envió ayer una carta dirigida al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para pedir una audiencia con el objetivo de “compartir nuestra visión respecto del proyecto de ley y compartirle los proyectos de inversión que tenemos cada uno de nuestros agremiados”.
Lo que busca Casatel es que las empresas puedan participar en el proceso de la reforma a dicha ley. “Queremos externarle nuestra disposición, como socios estratégicos del Estado, a participarle sobre nuestra experiencia internacional”, proclama la carta enviada a la Presidencia.
En dicha misiva, también indican los problemas que el sector encontrará en el caso de que se aprobara esta reforma. Principalmente opinan que se creará un nuevo impuesto al sector; se impondrán nuevos cargos administrativos relacionados con los números telefónicos, “que son utilizados por los usuarios de telefonía”; e incrementarán los costos de acceso para las bandas del espectro necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías.